Informémonos sobre nuestras finanzas públicas

Por todo ello, y ante la falta de estrategias patentes, se debe hacer un llamamiento, en primer lugar, a la población en general, a buscar informarse sobre cómo se distribuirá el gasto del Estado en los próximos años y de dónde provendrán estos fondos. En segundo lugar, a los jóvenes, para asegurarnos que lo que se gastará hoy no comprometerá nuestro nivel de vida a futuro y se convertirá en un lastre para las próximas décadas.

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Por Jorge Martínez Olmedo

2020-10-14 10:48:24

Muchos de los datos, análisis y la información sobre el estado de las arcas estatales son presentados entre opacidad y tecnicismos que dificultan su comprensión para el gran público mientras los hacedores de política fiscal podrían estar hipotecando, aún más, nuestro futuro.
La simplicidad del concepto mediante el cual algunos medios digitales realizan contenido de fácil comprensión para los legos en distintas áreas del conocimiento, lejos de menoscabarlo, es una característica que debe ser bien apreciada. Tenemos, en nuestro radar, el ejemplo del proyecto “Consitucional101”, una iniciativa estudiantil que pretende explicar conceptos jurídicos de una forma dinámica e interactiva. En una era donde todos los datos parecen accesibles en la palma de nuestras manos, hay también esfuerzos por revertir este efecto de cercanía a la información de parte de aquellos para los que esta transparencia resulta incómoda. Por esta razón, acercar la capacidad de conocer e interpretar aquello que nos atañe es vital en la construcción de una sociedad más participativa.
Ahora, antes de hablar de por qué las decisiones de política fiscal y presupuestaria tendrían que ser asunto de discusión pública, debemos tener claro cómo estas influyen en nuestras vidas. Para este fin, primero, hay que tener claro que es el órgano Ejecutivo el que se encarga de ejecutar y administrar los fondos públicos que, y vale enfatizarlo, no son sino de todos los contribuyentes. Estas decisiones, sin embargo, en muchos de los casos, se toman en consenso con la posibilidad de revisión por parte de los legisladores. En segundo lugar, se debe destacar que estos ingresos provienen, esencialmente, de dos vías: las contribuciones tributarias, como el impuesto sobre la renta y el IVA; y préstamos que el Estado realiza mediante organismos multilaterales, o herramientas como los cetes y los letes.
Planteemos un sencillo ejemplo: imagine usted que, para los gastos de su hogar, dispone de $1,000 mensuales. Estos deben ser distribuidos para suplir diversas necesidades: la escuela de los niños (Educación), gastos médicos preventivos (Salud), la seguridad de su colonia—si la hubiese— (Seguridad), ocio (Cultura), entre otros gastos corrientes. Analizando el monto de estos desembolsos, usted podría hacerse una idea de cuáles son las prioridades de su familia. Como un símil, viendo el reparto que el gobierno hace de sus fondos disponibles proyectados, podemos identificar cuáles son sus prioridades e, interpretando estas cifras de forma más minuciosa, podríamos deducir su agenda política y su visión del país, tanto en el corto como en el largo plazo.
Ahora planteemos que, de estos $1,000 de ingreso familiar, un tercio está ya comprometido para cubrir la cuota de un préstamo hipotecario. La situación, evidentemente, es bastante más compleja ahora. Agreguémosle, además, que este crédito deberá ser pagado por los próximos treinta años sin interrupción. ¡La perspectiva ahora es mucho menos alentadora!, el margen de maniobra, en este caso, es más ajustado y se deberá ser más precavido a la hora de decidir en qué gastar. En una situación similar, apartando las complejidades técnicas, se encuentra actualmente el nuestro Estado. Año tras año, una buena parte de los ingresos tributarios se destinan al pago de obligaciones adquiridas con distintos acreedores y hoy, con la deuda contraída para financiar los planes de contención de la pandemia y reactivación económica, estos compromisos crecerán de forma cuantiosa.
Por esta razón, los presupuestos que se aprobarán para los futuros ejercicios fiscales deberán ser bien estudiados, meditados y consensuados entre distintos actores sociales del país para establecer una ruta de nación fiscalmente responsable y, más importante aún, que asegure bienestar social. El contexto en el que el Ejecutivo presentará su proyecto de presupuesto 2021 es especialmente retador: un país endeudado hasta la médula, desigualdades sociales que se han acentuado a raíz de la crisis actual, la necesidad de generar las condiciones adecuadas para recibir, muy probablemente, a migrantes retornados. No obstante, los detalles del proyecto presupuestario se han manejado de forma suspicaz cuando, por el contrario, deberían ser asunto de interés y fiscalización pública. Más allá de esto, idealmente tendría que ser responsabilidad del mismo gobierno diseñar estrategias de comunicación efectivas con el fin de acercar estos datos hacia la comprensión de las grandes masas.
Por todo ello, y ante la falta de estrategias patentes, se debe hacer un llamamiento, en primer lugar, a la población en general, a buscar informarse sobre cómo se distribuirá el gasto del Estado en los próximos años y de dónde provendrán estos fondos. En segundo lugar, a los jóvenes, para asegurarnos que lo que se gastará hoy no comprometerá nuestro nivel de vida a futuro y se convertirá en un lastre para las próximas décadas. Por último, a los profesionales de la ciencia económica, de la academia o no, y a todos aquellos con nociones en la materia, para generar un ciclo iterativo de educación ciudadana en estos temas para que, de boca en boca, edifiquemos una ciudadanía más consciente sobre estas decisiones que, sin esbozo de duda, deberían ocupar nuestros pensamientos dadas la magnitud de sus repercusiones.
Estudiante de Economía y Negocios, presidente del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE), ESEN