¿A quién acudiremos ahora si son violentados nuestros derechos?

Hemos visto ya que Bukele irrespeta el sistema democrático, el cual concibe que toda persona goza de dignidad inherente e incondicional.

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El bloque oficialista junto a sus aliados de GANA, PCN y PDC, aprobaron la nueva normativa. Foto EDH/ Francisco Rubio

Por Elena Tobar

2021-05-05 9:55:39

El pasado 1 de mayo la separación de poderes fue injuriada. Como se ha señalado, las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República no respetaron los procedimientos y las condiciones legales requeridas, ni tampoco las garantías constitucionales procesales de los funcionarios removidos. Así, se eligió y evaluó en poco más de quince minutos a quiénes ocuparán cargos que demandan procesos de selección de meses (los de magistrados de la Corte Suprema de Justicia [CSJ] iniciaron en febrero).
Quizá el lector piense que son justamente estos largos procesos los culpables de los males del país. Es innegable que hay procesos excesivamente burocráticos, pero este no lo es. ¿Acaso no queremos que se evalúe con el máximo rigor a quienes defenderán nuestra Ley Suprema? Y sí, el proceso de elección es perfectible; pero lo que hace falta son parámetros legales más específicos que indiquen las competencias que debe tener el candidato para ser electo. En otras palabras, se requieren mecanismos legales a los que deba someterse todo partido, no arbitrariedad. Solo así se evita que los magistrados respondan a intereses partidarios.
Recordemos que los magistrados de la CSJ, el Fiscal General y otros funcionarios de segundo grado deben ser independientes. Su labor debe estar exenta de presiones partidarias para que esta se desarrolle con estricta tecnicidad. Ahora bien, la Asamblea destituyó a los magistrados porque estimó que sus resoluciones eran erróneas, pese a que constitucionalmente el máximo intérprete de la Carta Magna es la Sala de lo Constitucional y no la Asamblea. Esto sienta un lúgubre precedente; nada garantiza que la Asamblea no repita lo mismo al no estar de acuerdo con las resoluciones de la Sala y con otras dependencias del Estado. Es inaceptable que órganos eminentemente técnicos se sometan al control de uno político como el Legislativo. Con esto, se vuelve a lo mismo: justicia que puede depender de partidos políticos.
La institucionalidad y las leyes son los únicos medios que regulan el ejercicio del poder y la relación de los ciudadanos con el Gobierno. El célebre “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley” del artículo 86 de la Constitución, aunado a la asignación de competencias a cada órgano del Estado, evita que el accionar de los funcionarios sea muy arbitrario y viole la libertad de los ciudadanos; por ello, la democracia implica el respeto a la institucionalidad. La separación de poderes también tiene funciones prácticas; recuerde, estimado lector, aquella vez que una niña interpuso un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional porque la policía detuvo sin más a su madre. Inquieta pensar que la concentración del poder en el Ejecutivo y la irreverencia ante los mecanismos de control pueden facilitar que cuerpos como la PNC, que ya violaban derechos humanos, lo hagan más. Reitero que, cuando el Órgano Judicial no ha sido constituido bajo parámetros legales y de pluralidad, es probable que se deba a un partido y que ignore demandas como la mencionada.
Con todo esto, estimado lector, ¿a quién acudiremos cuando nuestros derechos sean violentados? ¿Qué medios nos asegurarán que el Gobierno no exceda sus potestades? No podemos relegar toda nuestra confianza a las buenas intenciones de Bukele; tarde o temprano, su agenda política podrá separarse de la de la mayoría de los salvadoreños y ¿qué haremos entonces?
Hemos visto ya que Bukele irrespeta el sistema democrático, el cual concibe que toda persona goza de dignidad inherente e incondicional. Hace poco, funcionarios oficialistas se burlaban de la protesta de ciudadanos, empleadores del presidente, contra las recientes destituciones. Estimado lector, hablamos acá de demandas ciudadanas, no de las de “los mismos de siempre” ofendidos porque les quiten privilegios, como pintan algunos funcionarios. Son ciudadanos «de a pie», como usted y yo.
No quiero que la ley se vuelva letra muerta, que sea vista como un simple vestigio de los mismos de siempre, del sistema oligárquico, o como prefiera llamarlo usted. Me rehúso a que voces disidentes sean tomadas como ecos fantasmales, como risueñas cosquillas para el señor presidente. Sí, abogo por cambios institucionales; pero estos deben apegarse a lo establecido. Por ello, estimado lector, si está indeciso, lo insto a resistir por todos los medios posibles que se lacere el Estado de derecho. Estos atentados contra la institucionalidad no son solo un remate contra viejos partidos; burlan años de lucha ciudadana. En nosotros recae luchar por nuestras libertades. Rechacemos las decisiones arbitrarias antes de que sea tarde y no dejemos que pisoteen el sistema democrático ante nuestros ojos.

Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE). ESEN