La reforma a la Ley de la Carrera Judicial ha cesado en sus funciones a jueces de 60 años de edad o 30 de servicio en cumplimiento del decreto impulsado por la mayoría legislativa que, en una de sus primeras acciones al asumir el 1 de mayo, removió a la Sala de lo Constitucional nombrar sin listados enviados por el Consejo Nacional de la Judicatura a sus reemplazos.
Según la narrativa oficial, es una forma de depuración del Órgano Judicial. Datos de la Corte Suprema de Justicia indican que 216 jueces han sido removidos. De esa cifra, un centenar renunció y el resto se habría acogido a un régimen de disponibilidad.
Algunos de ellos conocieron procesos que han adquirido trascendencia nacional e internacional, como Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera. Él conocía el proceso por la muerte de cerca de mil campesinos en diciembre de 1981, conocido como El Mozote y zonas aledañas.
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas lo incluyó en el informe sobre crímenes ocurridos durante el conflicto armado. Otro episodio documentado es el conocido como los periodistas holandeses, en alusión a un equipo de la televisión del Reino de los Países Bajos, IKON, que fue emboscado por tropa del batallón Atonal en la localidad de Santa Rita, Chalatenango, el 17 de marzo de 1982.
El tribunal de ese municipio inició la causa ese año, pero se estancó debido a las amenazas contra la jueza que lo conocía. La Ley de Amnistía de 1993 detuvo el proceso por completo al perdonar los crímenes de guerra.
En 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa ley. El 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones, con el apoyo de la embajada de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General, aunque según las normas, el caso ya estaba judicializado y debió ser retomado por el mismo tribunal.
María Mercedes Argüello Sibrián, ha sido la jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María. Fue removida en aplicación del decreto legislativo, lo que supone “comenzar de cero”, como expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia respecto al caso El Mozote.
Ambos procesos están unidos por el periodismo y alcanzaron trascendencia internacional. La masacre de El Mozote fue divulgada mundialmente el 27 de enero de 1982, cuando los diarios The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes de Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto, respectivamente.
Eran tiempos difíciles. La junta de gobierno dijo que el reporte era propaganda izquierdista y de fuentes no confiables. Esa atmósfera predominaba tres meses después y había captado la atención de los periodistas holandeses, quienes buscaban ilustrar el contraste del país en la zona urbana y en la rural, a pocos días de la elección a Asamblea Constituyente.
Más allá del precedente establecido con la remoción de los jueces, es un hecho que se aleja la posibilidad de que sea aplicada justicia. No en vano grupos defensores de derechos humanos han creado la etiqueta “Nadie debería esperar 40 años por justicia” en alusión a la lesión que se le da al derecho a conocer la verdad.
Periodista.