PUESIESQUE…hablando sin eufemismos, debemos admitir que desde el 1 de mayo de 2021 El Salvador dejó de ser una democracia; y, si por alguna duda quedaba sobre la destrucción de nuestra frágil democracia, el desmantelamiento del Poder Judicial, diseñado por los mercenarios jurídicos a quienes les pagan exorbitantes sueldos en Casa Presidencial (CAPRES), autorizado por la Asamblea Legislativa (AL) y ejecutado materialmente por magistrados dóciles en Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo confirma.
Para confrontar la realidad del actual sistema político salvadoreño con las exigencias propias de una democracia, basta la referencia a una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dictada en el caso Ríos Ávalos y otro vs Paraguay, del 19 de agosto de 2021, en la que se expone:
“91. En definitiva, sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia (artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana), toda vez que juezas y jueces deben contar con las garantías adecuadas y suficientes para ejercer su función de resolver conforme al orden jurídico los conflictos que se producen en la sociedad. La falta de independencia y de respeto a su autoridad es sinónimo de arbitrariedad”.
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La CorteIDH es contundente: sin independencia judicial no existe Estado de derecho, ni es posible la democracia; así que en El Salvador, como no existe independencia judicial, no hay ni Estado de derecho, ni democracia.
Y es que El Salvador, desde el 1 de mayo de este año, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) y el espurio y condenable nombramiento de 5 operadores políticos de CAPRES en dicho tribunal, desapareció la independencia judicial en la CSJ, a lo que alegremente se han unido magistrados que, aparentemente legítimos en su origen, obedecen las órdenes giradas desde CAPRES.
Y el desmantelamiento del Poder Judicial se profundizó con la cesación arbitraria de jueces a finales de septiembre de 2021, seguida de nombramientos inconstitucionales e ilegales.
Al respecto, es esencial recordar que la toma del poder por elecciones razonablemente libres no es sino únicamente uno de los elementos de la democracia, pero de ninguna forma se agota en la llegada al poder, sino sobre todo en el ejercicio del poder respetando las reglas jurídicas, tanto constitucionales como legales.
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En este aspecto, nos sirve otra decisión de la CorteIDH, que es la Opinión Consultiva OC-28/21, de 7 de junio de 2021, en la que se consigna:
“68. Asimismo, el artículo 4 de mismo instrumento establece que “[s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
69. Estos artículos definen entonces las características básicas de una democracia representativa, sin las cuales un sistema político dejaría de tener tal carácter (…)”.
Así que, en El Salvador, amén que no existe independencia judicial (carencia que ha quedado demostrado por la emisión de papeles chucos que se publicitan como resoluciones, de un contenido que da vergüenza ajena, que insulta la inteligencia), tampoco se observa el debido cumplimiento de otras características básica de una democracia.
Y es que el actual régimen autoritario se caracteriza, en esencia, por la corrupción, la opacidad, la concentración de poder, la represión, la mentira y la incapacidad.
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Ello ha provocado, lamentablemente, que como país hemos retrocedido más de medio siglo en desarrollo social y político, al extremo que en El Salvador ya existen, como desde mediados del siglo XX, situaciones que fueron caldo de cultivo para la guerra civil: exiliados, presos políticos, perseguidos políticos, capturas ilegales e intentos de reelección presidencial; y todo ello apoyado por magistrados de la CSJ que se han doblegado ante un líder mesiánico y megalómano que afirmar tener “línea directa” con Dios, y cuyas proclamas en Twitter solo se entienden desde el uso perverso de la Presidencia, o fruto de un estado de obnubilación por el poder.
Así que, ante la constante destrucción de la democracia desde el interior mismo de las instituciones estatales, los ciudadanos no debemos desfallecer, sino debemos insistir en el reclamo de nuestros derechos y libertades.
Por eso, entre varias expresiones colectivas, #El17Marchamos
Abogado constitucionalista.