"Democracia”: una de las palabras más populares en la política salvadoreña. Para algunos es su principal argumento; para otros, un concepto abstracto. Sin importar en qué lado del espectro nos encontremos, debemos reconocer que todo tiene límites y que, como buenos ciudadanos, estamos en la obligación de conocerlos.
La actual situación que está viviendo nuestro país no es más que el resultado de años de decepciones y de esperanzas rotas. Claramente, la entrada en escena de una nueva figura política significa, para todos, de una forma u otra, el comienzo de una etapa novedosa en la historia de nuestro país. Algunos lo interpretan como algo negativo, mientras otros lo consideran una bendición. Esto condujo a que el partido oficialista obtuviera una mayoría sin precedentes en el Órgano Legislativo tras las elecciones del 2021, lo cual inauguró una serie de sucesos que han estado en el ojo del huracán de manera constante.
Crear una lista de los acontecimientos, ya bastante conocidos, no es el objetivo de esta columna, sino analizar la compleja frase de “lo que el pueblo quiere”. En realidad, esa pequeña oración resume lo que significa “democracia”, pero se vuelve un instrumento de manipulación cuando se utiliza para justificar actos que irrespetan los derechos humanos, para exaltar decisiones que ponen en riesgo a la institucionalidad nacional y para defender leyes aprobadas de espaldas a la población.
El derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 6 de la Constitución de la República, no puede ser irrespetado bajo ninguna circunstancia; sin embargo, cada vez, se normaliza más el escuchar insultos y apodos peyorativos dirigidos de un lado al otro, como una batalla campal que se pelea con guiones preestablecidos y con demostraciones públicas de matonería que rompen toda posibilidad de dialogar con ética, profesionalismo y coherencia. En esta situación, no solo se viola el derecho de quien recibe el insulto, sino que quien lo emite también sobrepasa los límites que establece la ley, que reza: “siempre que […] no lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”. “Lo que el pueblo quiere” no es un pase libre para despreciar a todo aquel que piensa diferente.
La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional por medio de un procedimiento inconstitucionales es inaceptable, por la forma violenta de realizarlo y la elección exprés de nuevas personas con dudoso pasado para ocupar dichas posiciones que vuelve difícil negar las motivaciones políticas de este acto. Cuando se escogen personas afiliadas al partido de turno para dirigir el Órgano Judicial, práctica que no es nueva, se pone en riesgo todo el sistema democrático, el correcto funcionamiento de la justicia y de la separación de poderes en un Estado de derecho. “Lo que el pueblo quiere” no es un permiso para saltarse el orden constitucional ni para colocar abogados oficialistas en posiciones cruciales sin un proceso de discusión adecuado.
La aprobación de una ley que introduce una criptomoneda, de la cual la mayoría de la población tiene poco o ningún conocimiento, como moneda de curso legal, es un acto irresponsable, considerando la inexistente discusión al respecto, la nula contemplación de implicaciones reales para los salvadoreños en sus vidas cotidianas y lo complejo que es la implementación de una moneda impalpable en un país que apenas está recuperándose de la crisis del COVID-19. Por otro lado, plantearla como la oportunidad del país para volverse millonario, sin especificar la facilidad para realizar lavado de dinero y movimientos ilícitos en esta modalidad, puede nublar la vista de la población frente a la cruda realidad de una moneda no regulada ni por el Banco Mundial, a quien le pidieron ayuda para conocer cómo implementarla tras aprobar la ley. “Lo que el pueblo quiere” no es una autorización para aprobar leyes escuetas, sin discusión adecuada y sin conocimiento de su aplicabilidad real.
Cualquier persona que considere que defiende la democracia debe estar de acuerdo con que los funcionarios deben hacer “lo que el pueblo quiere”, pero como ciudadanos estamos obligados a ver más allá de esta frase, a exigir a las autoridades un respeto del sistema legal que sostiene al Estado salvadoreño y los derechos de todos los habitantes, y a hacer juicios de valor respecto a las acciones oficiales basados en hechos y en conocimiento más que en emociones y resentimientos. No dudo que toda la población tiene la capacidad de no dejarse cegar por una frase tan ambigua usada en un discurso tan peligroso y que, tarde o temprano, asumirá la responsabilidad de actuar con la verdad y el criterio propio.
Estudiante de Ingeniería de Negocios
Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil