"Con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia” fueron las palabras del presidente Bukele a los representantes de la comunidad internacional que protestó por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, el pasado 1 de mayo.
Estados Unidos y la Unión Europea se han mostrado firmes en reprobar y denunciar el hecho. Ante las reacciones de indignación del Cuerpo Diplomático, el gobierno salvadoreño se aseguró de alegar en reiteradas ocasiones que se trataba de un asunto interno, por lo que ningún otro país tiene el derecho de intervenir.
Si bien el inciso séptimo del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la ONU no podrá “intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” y El Salvador es autónomo a la hora de tomar sus propias decisiones, sería insensato pensar que las políticas internas de un país no afectan ni incumben a las agendas internacionales ni lesionan los tratados y compromisos vigentes. Peor aún, existe una buena posibilidad de que las decisiones que se han tomado traigan consigo serias repercusiones.
El Salvador tiene una innegable y estrecha relación con Estados Unidos, la cual ilustraremos con una breve analogía. El Salvador es como un árbol frutal, cuyo follaje viene creciendo desde hace ya mucho tiempo. Para sorpresa de nadie, algunas de estas ramas han llegado a pasarse del muro de nuestros vecinos norteamericanos, provocando que el fruto del árbol salvadoreño termine en el suelo de alguien más. Así, años de inseguridad y pocas oportunidades económicas en nuestro país se han traducido en migraciones masivas hacia el Norte. Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente Biden, en su segunda visita al país lo expuso claramente: “Lo que pasa en El Salvador afecta directamente a Estados Unidos”.
Pero ello no solo alude a un tema de violencia; si bien esto aún no se ha estudiado a profundidad, hay varios indicios que correlacionan la debilidad institucional y la corrupción con el fenómeno de los flujos migratorios. Por ejemplo, la sustitución de los magistrados por otros claramente afines al gobierno socava el Estado de derecho y la posibilidad de que los ciudadanos tengan tribunales independientes para presentar sus quejas, incluso contra el mismo Estado.
El Ejecutivo alega que la Asamblea ha cumplido “un mandato del pueblo”, pero recordemos que casi el 48 % del padrón electoral decidió no ir a votar en las últimas elecciones legislativas, lo cual indica que no es cierto el argumento.
Si a lo anterior le sumamos que se han propiciado instituciones débiles y con falta de autonomía, sometidas al Ejecutivo, difícilmente se podrá cambiar el escenario socioeconómico de El Salvador y la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos.
La economía y las políticas internas estadounidenses tienen un efecto directo en las condiciones socioeconómicas de nuestro país. Por ejemplo, si hacemos memoria y según el BCR, las remesas en El Salvador se redujeron en un 16.4 % en el segundo trimestre del año 2020, como resultado de la recesión económica que Estados Unidos y el resto del mundo estaban atravesando debido a la pandemia. Si, además, consideramos que alrededor de 469,000 hogares son receptores de remesas según la EHPM 2019, nos encontramos con que el consumo del país y, por consiguiente, la economía a corto plazo, dependen muchísimo de las buenas relaciones que El Salvador tenga con Estados Unidos y la comunidad internacional. Y no solo eso, según el Observatorio de Complejidad Económica, más del 40 % de las exportaciones de El Salvador tiene como destino Estados Unidos. Como si no fuera suficiente, según el BCR, siete de los diez productos más exportados a Estados Unidos pertenecen al sector textil, el cual representa más del 40 % de las exportaciones de El Salvador.
Es claro que una enemistad con Estados Unidos no nos conviene, sobre todo si pudieran aplicarse sanciones como el aumento de impuestos a las remesas con destino a El Salvador.
Lastimosamente, a pesar de las posibles consecuencias económicas, las recomendaciones y advertencias del gobierno estadounidense parecen no incidir en la agenda política del gobierno salvadoreño. Muchos seguidores del partido oficialista ven esperanzas en la reciente amistad de El Salvador con la República Popular China. Si bien es cierto que la inversión extranjera del gigante asiático puede ser más que bienvenida, no podemos ignorar que China, al ser la maquila del mundo, no es ni será nuestro mayor importador ni alberga a más de dos millones de salvadoreños que contribuyen con la economía local. De seguir las tensiones entre Bukele y Washington, Estados Unidos podría tomar medidas más drásticas y quién sabe si el presidente pueda sentirse tan seguro para decirles que la quiebra del Estado de Derecho en El Salvador “no es de incumbencia de la comunidad internacional”.
Estudiante de Licenciatura en Economía y Negocios Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)