¿Juráis por Dios y por la Patria cumplir con el ideario o filosofía de la Universidad Dr. José Matías Delgado, en todas vuestras actividades privadas, públicas y profesionales, ciñendo vuestra conducta a defender tales principios, especialmente el de la libertad, basada en la verdad la moralidad y la justicia, en provecho del bienestar nacional y la solución patriótica de los problemas del país; todo enmarcado en el lema de esta Universidad, ¿Omnia Cum Honore? Ese es el juramento que muchos hemos rendido al graduarnos de una de las facultades de derecho de nuestro país.
Similar a lo que juré en mi caso particular, son decenas de miles los profesionales de derecho graduados de las diferentes universidades, los que también se comprometieron a contribuir activa y patrióticamente con la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Más adelante, quienes tuvimos el privilegio de convertirnos en abogados, prometimos ejercer fiel y legalmente nuestra profesión y, bajo palabra de honor, dijimos que no favoreceríamos causas injustas ni consentiríamos el empleo de medios reprobados por la ley o por la moral.
Hace unos días el Estado de Derecho ha comenzado a derrumbarse en nuestras narices, pero permanecemos impávidos como si nada de lo que ocurre nos compete. Durante toda nuestra carrera fuimos formados para entender la importancia del sistema de frenos y contrapesos, para comprender que la democracia no se reduce al ejercicio libre del sufragio y para defender patrióticamente cualquier embiste a la separación de poderes.
Dejando de lado ideologías y preferencias político partidarias, lo que estamos viviendo desde hace unos días merece no solo el repudio generalizado y público del gremio, sino también la adopción inmediata de las acciones para las que fuimos entrenados; el uso de los vestigios institucionales y de las herramientas legales, tanto nacional como internacionalmente. Pero lejos de eso, en el gremio ha prevalecido un terrible silencio e inacción propiciado por la comodidad, el temor, la desidia, por equivocados intereses patrimoniales y, en los peores casos, por la complicidad.
Un silencio que, de perpetuarse, solo contribuirá a que culmine el resquebrajamiento democrático que ya se nos ha venido encima, y que cambiará radicalmente - quien sabe por cuánto tiempo - el ejercicio de la profesión. Sobre todo refiriéndome a quienes nos dedicamos al ejercicio liberal de la abogacía, pareciera que no queremos darnos cuenta que sin un sistema de frenos y contrapesos, no podremos siquiera pretender una representación adecuada y profesional de los intereses de nuestros clientes, pues ni siquiera existirá un Órgano Judicial independiente ante quien someter los conflictos. Como un colega cercano reflexionaba, dejaríamos de ser abogados y nos convertiríamos en cabilderos.
En un Estado como el que se nos avecina, las actuaciones de la administración pública no podrán ser controladas por nada ni por nadie que no sea la administración misma; nuestros clientes y asesorados ya no tendrán que someterse a las leyes sino a los dictados de quien arbitrariamente controla los 3 Órganos del Estado. Hoy podrán favorecerle esos dictados, pero mañana no; y eso no se podrá controlar.
Desde luego que esto no afecta solamente a las empresas; afecta al ciudadano de a pie. Justo hace unos días trascendieron noticias relacionadas con supuestos despidos injustificados en algunas municipalidades. ¿Quién controlará la legalidad o constitucionalidad de tales despidos en un Estado en el que desaparece el sistema de frenos y contrapesos?
Dedicarse al ejercicio liberal de la profesión implica, desde luego, la búsqueda incansable por representar de la mejor manera los legítimos intereses de nuestros clientes. Esto a su vez conlleva una constante preparación y actualización, un estricto apego a la legalidad y una fiel observancia de patrones éticos que no pueden sacrificarse en procura de los intereses de nuestros representados. Pero lo anterior bajo ningún punto de vista significa que, en ese afán, van a menospreciarse objetivos mucho más trascendentales como la defensa del Estado de Derecho y la República. No se puede ejercer bien la profesión si mostramos una actitud displicente hacia los problemas de la sociedad en la que ejercemos
La comunidad internacional se ha pronunciado y está actuando, la prensa independiente está haciendo su trabajo, las organizaciones de sociedad civil está dando la batalla, ciudadanos patriotas hacen un plausible esfuerzo por detener la marea. Los abogados, salvo contadas excepciones, estamos callados, casi como muertos.
Aún es tiempo de reaccionar y si bien es cierto están quedando poquísimos espacios y frentes de batalla, todavía estamos a tiempo de detener los efectos del golpe. No nos quedemos sentados murmurando entre nosotros y viendo las paredes caer a nuestro alrededor. Somos más de 35,000 abogados autorizados en la República los que no debemos olvidar nuestros juramentos. Finalizo exhortándoles colegas, con las palabras de Ángel Ossorio, quien en su decálogo del abogado, sugería. “No te rindas ante la popularidad, ni adules la tiranía”.
Abogado.