El trabajo que los nuevos funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura desempeñarán deberá estar cimentado siempre bajo el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico, comenzando por la normativa primaria que es la Constitución de la República, la cual le otorga a este ente del Órgano Judicial facultades operativas y colaborativas para la optimización, mejora y transparencia continua en la formación de los profesionales que se integran a la carrera judicial y a la administración de justicia.
Teniendo origen en la Constitución de la República de 1983 como apoyo a la Corte Suprema de Justicia, esta entidad juega un rol importante en el ámbito jurídico del sector justicia en El Salvador, no debiendo pasar inadvertida su intervención y diligencia en las competencias que por ley le corresponde cumplir a este ente del Órgano Judicial.
El hecho de ser una pieza clave en la formación continua de funcionarios que tendrán la tarea de brindar servicios como juzgadores e impartidores de resoluciones bajo el marco del ordenamiento jurídico no es tarea sencilla. Partiendo de la formación técnica y académica, también no se debe olvidar el arraigo que tiene que continuarse inculcando en la formación de los jueces que estarán en un momento dado impartiendo justicia y desempeñando un cargo jurídico y público que brinde resoluciones a problemáticas sociales de diversa índole y naturaleza. Lo anterior, en aras de estar en la vanguardia de la implementación de mecanismos que garanticen la objetividad de la selección, la igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la idoneidad de las personas seleccionadas para ejercer cargos en los diversos tribunales de justicia.
Sobre este punto se vuelve menester hacer referencia a la figura de la transparencia en las diversas actuaciones que este ente ejecute a través de sus funcionarios, como parte de la claridad de sus actos de cara a la sociedad salvadoreña y la salvaguarda de la justicia en nuestra sociedad. La importancia de la transparencia radica en que su ámbito de aplicación ha permeado a toda la Administración Pública y es fundamental para asegurar la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de la garantía del debido proceso para todos, de tal forma que se pueda velar por un proceso limpio en la elección de los funcionarios del sector justicia.
El Consejo Nacional de la Judicatura y sus titulares tendrán una tarea muy importante, como parte de ser miembros de esta institución del Estado de carácter autónoma, independiente, que deberá contribuir a la formación sustancial en el ámbito profesional y humano de los funcionarios judiciales del presente y del futuro, para que estos últimos se den cuenta que deberán siempre velar por que se salvaguarde el Estado de Derecho y se imparta de manera congruente, racional y legal la Justicia en sus diversas intervenciones.
“El deber de un juez es hacer justicia” (Jean de la Bruyere, escritor francés).
Abogado, Master en Tributación Internacional y Asesoría Jurídica de Empresas, Decano de la Universidad Nueva San Salvador