Ya comenzó

Hace poco más de un año advertí, a través de varios videos que circulan en las redes sociales, que conforme los salvadoreños fuéramos dándole más poder a la dictadura, esta iría limitando cada vez más nuestros derechos.

En esa ocasión denuncié la existencia de un plan bien urdido para aniquilar a los empresarios privados del transporte de pasajeros, como paso previo al traslado, de dedo, del servicio colectivo a una empresa extranjera favorecida por el gobierno. Esa, que entonces fue una oportuna advertencia, es hoy una triste realidad.

La captura del empresario del transporte Catalino Miranda y la expoliación de los activos de su empresa por “orden superior” —no por orden legal— es solo el primer paso de una nefasta estrategia que acrecentamiento de poder del régimen, que no se limitará a estatizar solo a ese rubro del sector productivo, sino que trascenderá, ya lo verán, a empresas de otros muchos sectores. El blanco principal de ese nefasto plan es la propiedad privada como tal.

Muy pronto —si lo permitimos—   pasarán al poder del régimen empresas de hidrocarburos, de producción y distribución de energía eléctrica, de educación, de banca y finanzas, de telecomunicaciones, de información, agroindustria, líneas navieras, cemento, agroquímicos, medicamentos y ... la lista es larga.

En el proceso, familias de gran tradición empresarial perderán sus patrimonios; medianos y pequeños emprendedores verán desvanecerse los esfuerzos de toda una vida, y miles de trabajadores y sus familias pasarán a la indigencia: el derecho a la propiedad privada quedará sujeto a la voluntad del dictador.

Y no habrá ley ni institucionalidad que lo detenga, pues la desidia de unos y la complicidad de otros le ha permitido controlar todos los poderes del Estado.

Para los escépticos: vean lo que ha sucedido en Venezuela, en donde, en 21 años de “revolución”, más de 5,000 empresas, nacionales y extranjeras, han sido expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por la dictadura.

Este plan de estatización de empresas privadas atropella no solo derechos sino principios fundamentales de las sociedades libres y democráticas, como la seguridad jurídica, la libertad empresarial, el derecho al trabajo y, por supuesto, la propiedad privada. Y ante esto, todos deberíamos reaccionar.

Los primeros en ser llamados a frustrar estos maquiavélicos planes son los mismos empresarios, quienes deben unirse como otrora lo hicieron, conscientes de que los sacrificios que hagan hoy por ellos mismos y por el país se traducirán en la victoria del mañana para sus familias y para todos los salvadoreños. El temor, la indiferencia, el egoísmo, la actitud genuflexa y la complicidad con el régimen no salvarán a nadie.

Por su lado, las organizaciones de trabajadores y la ciudadanía en general debemos ponernos del lado de la libertad y de la justicia, conscientes de que el daño que sufran las empresas privadas redundará en un menoscabo de nuestra situación económica y del desarrollo del país.

La unidad hace la fuerza: salvadoreños unámonos.

Asesor en comunicación estratégica.