¿Cuál es el costo de negociar con pandillas?

Se mezclan entonces con objetivos políticos la fuerza militar institucional y la fuerza fáctica ilegal, la de las pandillas. Cada vez es y será más difícil distinguir las líneas entre ambas fuerzas a partir de sus interrelaciones en acciones de criminalidad organizada que también diluyen la línea entre lo legitimo y lo delictivo.

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La procesión con la imagen de la Virgen Niña sin feligreses ante la pandemia del COVID-19

Por Celia Medrano

2020-09-07 6:43:35

Ya no es una novedad que se hable de vínculos entre funcionarios de alto nivel gubernamental con líderes de estructuras pandilleriles relacionadas con criminalidad organizada. Lo que puede ser novedoso es que las voces que por años han denunciado estos vínculos van ganando credibilidad a medida que las evidencias van siendo cada vez más contundentes y muevan la preocupación de actores internacionales claves, como vocerías del departamento de Estado y el congreso estadounidense, así como de la Millennium Challenge Corporation (MCC).
El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado abiertamente una confrontación permanente contra una de las pandillas más relevantes que la ha calificado como organización terrorista. Las denunciadas interrelaciones entre el gobierno actual y líderes de esta pandilla han llamado la atención política en esferas oficiales del gobierno de Trump.
La Fiscalía General de la República ha anunciado investigación sobre negociaciones encabezadas por el ahora candidato para la alcaldía de San Salvador de Nuevas Ideas y por el director de la Unidad de Tejido Social del ministerio de Gobernación que consolidarían una estrategia para el 2021 de instrumentalizar el control de las pandillas en los territorios en favor del objetivo político de ganar amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Funcionarios de gobiernos de turno y viejos actores ahora aliados arrastran una larga estela de corrupción y vínculos con grupos armados organizados. Sin embargo, el uso militar como instrumento de presión para un objetivo político no había sido observado en la historia reciente del país hasta que vimos la militarización de la Asamblea por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil el pasado 9F.
Se mezclan entonces con objetivos políticos la fuerza militar institucional y la fuerza fáctica ilegal, la de las pandillas. Cada vez es y será más difícil distinguir las líneas entre ambas fuerzas a partir de sus interrelaciones en acciones de criminalidad organizada que también diluyen la línea entre lo legitimo y lo delictivo. Funcionarios y círculos de poder alrededor del presidente lo saben y lo impulsan en la apuesta de un control total que nos lleva aceleradamente de un Estado permeado por la criminalidad organizada hacia un Estado totalmente cooptado por estas fuerzas.
Entretanto, una fuente principal de sostenibilidad de las pandillas, las extorsiones, no han cedido pese a la pandemia. Este delito sigue golpeando a familias y comerciantes durante la COVID-19. En 2020, se registran entre 5 a 6 denuncias diarias en la Fiscalía General de la República, aunque a mayoría de las víctimas prefiere pagar a buscar ayuda, en buena medida precisamente porque conocen en el propio terreno de las relaciones existentes entre estos grupos con operadores estatales a todo nivel. Tampoco el número de desaparecidos baja significativamente, relacionado también con la acción de no pagar la extorsión o incumplir las amenazas de pagar con la vida si se desobedecen las órdenes que emanan de las direcciones criminales.
Variadas fuentes periodísticas independientes señalan que desde diferentes gestiones gubernamentales se han mantenido bajo secreto conversaciones, acercamientos, negociaciones con liderazgos pandilleriles que se niegan fehacientemente cuando salen a la luz indicios de ello. Si funcionarios de gobiernos de tan diferentes perfiles en los últimos años han pactado con pandillas, ello se traduce en un reconocimiento implícito de la fuerza real de estos grupos que alcanza influencia política. Si esto es así, en lugar de negación permanente, más bien debería abrirse de una vez al debate público el tema y revisar si no es posible construir una agenda encaminada a cerrar este nuevo capítulo de confrontación violenta con un actor al que de hecho se le reconoce su beligerancia. Esto implicaría, por supuesto, que los liderazgos políticos dejasen de buscar su propia tajada en este tipo de acercamientos.
Siendo cada vez más claro la innegable relación entre disminución o aumento de homicidios al ritmo de avances o estancamientos en negociaciones entre el gobierno y grupos pandilleriles, lo que realmente debe preocuparnos antes de las próximas elecciones es cuál es el. precio real que se negocia y el costo que ello ha acarreado y acarreara a las vidas de cientos de salvadoreños y salvadoreñas.

Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz