La caída del ex-presidente de la República de Malí, Ibrahim Bubacar Keita, apodado “IBK”, el 18 de agosto pasado, a raíz de una insurrección militar, ha puesto en relieve las tensiones políticas en esta región del Sahel.
El dispositivo militar Barkhane tiene 5100 soldados, entre ellos 1700 paracaidistas tanto como para la ONU, presente a través de la MINUSMA (13.289 soldados y 1920 miembros de la policía). El Salvador es miembro de esta misión, participando con 208 militares y 3 helicópteros.
El Sahel cubre una superficie de 5 millones de km2. Malí, donde más operaciones se llevan adelante, tiene una superficie de 1,240,000 km2.
Barkhane tiene un objetivo claro : luchar contra los grupos yihadistas que, desde 2013, amenazan las poblaciones y los países de la región, reunidos en el G5 Sahel.
Todo empezó en enero de 2013, cuando grupos terroristas estaban a punto de amenazar Bamako, la capital de Malí. Habían llegado en el este del país, ocupando ciudades simbólicas y para muchos míticas, como Timbuctu o Mopti, llamada la Venecia del Sahel. Francia intervino militarmente, contestando a la demanda de las autoridades de Malí, con la operación “Serva”. A la vez, varias resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, como la del 25 de abril de 2013, que creó la Misión multidimensional de las naciones unidas para la estabilización del Malí (MINUSMA), acompañaron la dimensión militar.
En enero pasado, los países del G 5 Sahel y Francia decidieron poner en marcha una “coalición para el Sahel” para la lucha contra los grupos terroristas armados, el reforzamiento de las capacidades de las fuerzas armadas, el apoyo al Estado a través de sus fuerzas de seguridad interna y penal, la coordinación de los actores para el desarrollo.
El golpe de Estado debilitó la alianza política en el Sahel y tiene consecuencias sobre el ecosistema regional, que rodea las fuerzas internacionales.
El ex-presidente Keita presidía un país donde la inseguridad económica tanto como social se había incrementado desde años. Viviendo en la ilusión de la unidad nacional, el Malí, país de 1.240.000 km2, esta confrontado a la presencia de varios grupos yihadistas : Ansar Dine, Al Qaida Magrheb islámico, Al Murabitune, el Grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes (GSIM), el Estado Islámico en el Gran Sahara.
El malestar político ganó en fuerza desde 2018, año de una reelección sin ilusión, de IBK.
La muerte de 49 soldados en la localidad de Indelimane, en el este del Malí el 1 de noviembre de 2019, unas elecciones legislativas en abril pasado, comprometidas por el secuestro, en plena campana, cerca de Timbuctu, del líder de la oposición y ex-candidato presidencial Somalia Cisse, alimentaron un malestar que solo pedía argumentos nuevos, para explotar. El despido del jefe de la seguridad presidencial ha sido el detonante de una insurrección de una parte del ejército.
Denunciando una corrupción, y un sentimiento de abandono, militares de la base militar de Kati, a 15 kilómetros de la capital, se levantaron. Recibidos por aplausos de una población cansada de la incapacidad del gobierno en reforzar la seguridad, mientras la COVID-19 aceleró el desastre económico e social en le país.
Deteniendo a IBK, una junta desde entonces encabezada por el coronel Assimi Goïta, de 37 años de edad y oficial de las fuerzas especiales, asume el poder ejecutivo.
El Presidente del Consejo nacional para la salvación del pueblo (CNSP) anuncia querer romper con el círculo vicioso de la inmovilidad y corrupción. A pesar de las presiones de la Comunidad de los Estados de África del Oeste (CEDEAO), que llaman a una transición con civiles, la descomposición del escenario político en Malí agravada por una forma de atomización y regionalización acelerada, no hace por el momento aparecer una solución rápida y pacífica.
El descrédito del grupo de poder anterior es tal que la población se acostumbra al regreso de los militares al poder, mientras movimientos islamistas quedan por el momento detrás de la pantalla.
La incertidumbre por algunos, el caos para otros, parece instalarse en el vivero político y gubernamental. Durante las últimas semanas, manifestaciones regulares fueron organizadas en la capital por el Movimiento del 5 de Junio (M5-RFP) . Este surgió desde el final de marzo 2020, sumando una coalición bastante heterogénea, agrupando religiosos y movimientos civiles de la sociedad civil, reclamando a raíz de manifestaciones gigantescas, la salida del ex-presidente IBK.
La urgencia política hoy en día lleva sobre la estabilización de una situación potencialmente peligrosa y la instalación de un proceso de transición mientras las operaciones militares siguen. El 5 de septiembre pasado fueron 2 soldados franceses que murieron por la explosión de una bomba artesanal.
Los dispositivos Barkhane y de la Minusma han vuelto como las fuerzas de un frente operacional de peligros contra movimientos que adoptan la estrategia de las guerrillas. Frente interior, frente exterior : luchando en el Sahel, se trata también de proteger la región oeste del Mediterráneo, y proteger a Europa, que sufrió desde varios años, muchos atentados reivindicados por movimientos jihadistas.
Mientras el país parece hundirse en una crisis económica y social permanente y reforzado con la COVID- 19, el pueblo ha perdido sus ilusiones. El Imam Mahmoud Dicko, la personalidad sobresaliente del movimiento 5 de Junio, se está volviendo unas de las personas más influyentes en el país. Es decir, cuanto la batalla política parece encaminarse a arenas movedizas.
Los desafíos tanto en materia de gobernabilidad como en favor de un desarrollo económico sostenible y a largo plazo son fuertes.
La pobreza o la falta de perspectivas para la población ofrecen el mejor suelo a la inestabilidad gubernamental después de años de esperanza de una mejoría.
Más que nunca, el riesgo mayor para el Sahel, donde se juega la seguridad para África e Europa, parecen ser las arenas movedizas de una incertidumbre política, revelador de una falta de visión en favor de un desarrollo económico justo y sostenible.
Politólogo francés, presidente LATFRAN.