El Estado necesita una purga urgente. Han sido décadas donde el compadrazgo, tráfico de influencias, pago de favores, el desconocimiento y la falta de voluntad de hacer bien las cosas, ha sumergido a las instituciones en una vorágine de incompetencia y corrupción. Las personas que ocupan cargos y empleos públicos en muchas ocasiones no están capacitadas para hacerlo. El servicio público debe mejorar sustancialmente y para ello es necesario dejar a un lado a las personas que aportan poco o nada.
Hay que ser justos y reconocer que en el servicio público hay muchísima gente preparada y que hace muy bien su trabajo. Pero para nadie es secreto que las instituciones estatales también están plagadas de empleados que no cumplen con los requisitos para el cargo, que su ingreso se realizó de manera irregular o no realizan su trabajo con la debida diligencia.
Con el paso del tiempo hemos sido testigos que la planilla estatal crece con cada cambio de gobierno, pero la calidad de los servicios estatales no mejora. El tamaño de las instituciones estatales debería estar directamente relacionado con la población a la que sirven y con las actividades desarrolladas en su interior.
Una mejor calidad del recurso humano del Estado no solo implica establecer procesos de selección con base en el mérito o procesos de evaluación periódicos. El Estado necesita empezar por una depuración de sus filas, tanto de gente que no tiene las acreditaciones para el cargo, como los cargos repetitivos e innecesarios en las instituciones. No es posible que existan dos o tres trabajadores para las labores que puede realizar uno.
La depuración es urgente no solo sobre personas que no tienen las competencias o en relación a la supresión de plazas innecesarias. Uno de los asuntos más urgentes e ignorados por nuestros funcionarios es la depuración por un mal manejo de la labor pública y por casos de corrupción.
En los últimos años se han dado situaciones preocupantes donde han estado involucrados los mismos empleados de las instituciones; sin embargo, la labor interna de depuración ha sido escasa o nula. La falsa creencia de que la gente contratada por el Estado no puede ser removida del cargo hace que quienes dirigen las instituciones opten por obviar el tema.
La labor de depuración no ha sido realizada a pesar del conocimiento de casos graves. Por ejemplo, en la Policía Nacional Civil se han presentado casos de extrema gravedad como los indicios de ejecuciones extrajudiciales, el fallecimiento de la agente Carla Ayala o los casos que se han llevados a tribunales por la implantación de prueba falsa.
La Fiscalía General de la República tampoco ha dado una sacudida a su personal, a pesar de la red de corrupción que Luis Martínez probablemente implantó en los años de su gestión y que ahora lo tienen pagando la pena de cárcel. El exfiscal Douglas Meléndez no hizo mucho al respecto y ojalá el fiscal Raúl Melera sí le preste atención a ello.
En el Órgano Legislativo no han sido debidamente investigados los casos de personas que tienen un buen salario y no llegan a trabajar. Y como lo reportó este periódico, en los últimos diez años el Estado aumentó su planilla en 37,118 plazas entre el gobierno central, las empresas públicas y las instituciones descentralizadas. Estas y el resto de instituciones estatales deben ser investigadas.
La depuración al interior de las instituciones públicas es una tarea que no se puede postergar más. Implica mucho dinero comprometido que podría invertirse en ramas que lo necesitan, e incide en la calidad de vida de los ciudadanos. Los incompetentes y corruptos no pueden seguir viviendo del Estado.
Abogada.