El delito de extorsión es uno de los principales detonantes de desplazamiento y migración forzada por violencia desde el norte de Centroamérica. Un delito que persigue a sus víctimas no solo desde sus localidades de origen, sino también es una de las principales agresiones sufridas en países de tránsito durante la ruta migratoria irregular e incluso ya en países de destino mediante llamadas telefónicas recibidas por emigrantes en las que se les anuncia que sus familiares en su país serán asesinados si no acceden a envío de dinero.
En el 2018, la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registra que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió un promedio de cinco denuncias diarias sobre extorsiones, cifra que aumento al promedio de siete denuncias diarias para el 2019.
Aún en los meses de confinamiento obligatorio debido al COVID-19, la FGR informó este mes de mayo de que registró un promedio de dos denuncias diarias por extorsión. Voceros de esta instancia plantean con claridad que, dada la situación de la pandemia, las personas han salido muy poco a denunciar y algunos han optado por pagar la extorsión. El mismo Fiscal General ha reconocido que el impacto de las extorsiones parte de la compleja estructura y control territorial que las pandillas poseen y el plan control territorial gubernamental no ha tenido mayor influencia en este delito, puesto que los integrantes de estos grupos se movilizan en todo el territorio nacional y continúan con esta práctica que constituye uno de sus principales fuentes de ingresos que representa un aproximado de 400 millones de dólares anuales.
Contrario al anunciado objetivo de desmantelar a estos grupos mediante políticas de “mano dura”, las detenciones y encarcelamientos masivos fomentaron más violencia. La extorsión se disparó a niveles endémicos cuando las pandillas buscaron recaudar fondos para apoyar a sus miembros encarcelados y a sus familias. Con el tiempo, se consolidaron controles territoriales restringiendo la movilidad entre zonas de pandillas rivales y fueron ganando influencia en las instituciones públicas, particularmente los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad.
Dada la escasez de empleo estable y digno, muchos migrantes, especialmente en zonas urbanas, generaron sus propias microempresas, pero las extorsiones impidieron que sus negocios florecieran. Cuando las cuotas exigidas o el aumento de estas no podían pagarse, fueron amenazados y tuvieron que cerrar sus negocios. Algunos intentaron abrir nuevos emprendimientos en otras zonas, pero la extorsión volvió a comenzar después de cada reubicación. El grupo de protección regional de la REDLAC reporta en su boletín del mes de abril que la extorsión ha sido planteada como causa de su desplazamiento por un 24% de desplazados internos en El Salvador en los últimos 3 años y que la migración por factores económicos esconde historias de desplazamientos forzados debido a la perdida de fuentes de ingresos por la extorsión.
La investigadora Sonja Wolf, del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, recogió a principios de este año alrededor de 150 testimonios de migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en ese país. Estos testimonios describen que en el trayecto migratorio personas que fueron víctimas de extorsión o secuestros simulados en los centros de detención migratoria, es decir, operadores de estos centros llamaban a familiares de los migrantes detenidos fingiendo ser secuestradores y exigiéndoles dinero, han pedido medidas más estrictas contra la corrupción entre policías y agentes de migración. La facilidad con que los grupos criminales operan a lo largo de las rutas migratorias, secuestrando o reclutando migrantes para el tráfico de drogas o tareas de vigilancia, apunta a complicidades de agentes estatales y evidente desinterés en detener los crímenes contra los migrantes.
El éxodo continuará si factores como la pobreza, desempleo, violencia, corrupción e impunidad no se abordan de manera decisiva. Hacerlo requiere un compromiso político sostenido a largo plazo para reformar las instituciones, crear políticas públicas efectivas y asignar recursos adecuados. México y los Estados Unidos, como países de tránsito y destino, también están obligados a la acción para ayudar a mejorar el desarrollo y la seguridad en Centroamérica si esperan reducir gradualmente la migración hacia el Norte.
Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.