PUESIESQUE…como no soy ni médico, ni infectólogo, ni virólogo, sino un simple ciudadano, en principio, comparto las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno salvadoreño para reducir el impacto de la pandemia por COVID-19, como la prohibición de ingreso de extranjeros provenientes de países con alta presencia de contagiados; luego, la cuarentena obligatoria para los pasajeros que ingresaban al país provenientes de tales países (inicialmente pésimamente ejecutada); después, el cierre de fronteras a todo extranjero; y, finalmente, una cuarentena generalizada.
El sentido común nos indica, si vemos la experiencia en otras naciones, que dadas nuestras circunstancias como país y como Estado, drásticas medidas de aislamiento y distanciamiento social serían las únicas vías para afrontar la crisis sanitaria.
En efecto, sin adoptar el arrogante papel de general después de la guerra, o de entrenador luego del partido, creo que no podíamos esperar otra cosa si tomamos en cuenta, entre muchos elementos, la precariedad y clasismo de nuestro sistema de salud, la debilidad de nuestra institucionalidad, la no credibilidad de nuestras autoridades de salud pública (al grado que en plena crisis se ha destituido a la titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), la inexistencia de asesoría jurídica en Casa Presidencial (CAPRES), el perfil caprichoso y autoritario de la actual administración presidencial y, en general, la escasez de recursos, la ausencia de tecnología de avanzada y una cultura social y política que gusta del autoritarismo, de la imposición, de la amenaza y del castigo.
Tendríamos que ser excesivamente ingenuos para siquiera imaginar que como país podríamos afrontar una crisis sanitaria tan grave con herramientas estrictamente democráticas: cabía esperar, entonces, excesos y arbitrariedades, pero ello no significa que debamos aceptarlos sumisamente.
Así, en El Salvador hemos debido afrontar la crisis sanitaria con ausencia de diálogo social, con mensajes de zozobra y angustia emitidos desde la administración presidencial, con la vulneración de los derechos de privacidad y a la imagen de muchos ciudadanos, con cientos de detenciones ilegales.
Mucho de esos abusos y arbitrariedades, sobre todo desde la semana pasada (la primera de la dictadura), han tenido su origen en una extravagante incuria jurídica -grado extremo de negligencia- que, con franqueza, en esta crisis, resulta irresponsable y hasta socialmente peligrosa.
Y es que, como ha dicho el exmagistrado González, la producción jurídica durante la crisis sanitaria es una maraña normativa sumamente confusa, que deja resquicios para la arbitrariedad: añado que sobre todo, los proyectos legislativos generados desde el Órgano Ejecutivo y los decretos ministeriales son muchas veces, textos francamente ininteligibles y, al menos, en varios casos, absurdos, ilegales e inconstitucionales.
Y no digamos si el asesor del asesor de la Presidencia intenta explicar los textos en radio o televisión…mmm…solo queda persignarnos y llorar…no explica ni aclara, desinforma.
Ya he expuesto que, en opinión de este servidor, el ámbito jurídico es la parte fácil de esta lucha contra la pandemia, pues simplemente se trataba de trasladar a textos -palabras escritas- decisiones técnicas, científicas y sanitarias, con el debido orden, claridad, precisión y ajustadas a la Constitución y a la ley: en esencia, es contar con la destreza de la expresión lingüística, con un soporte jurídico y lógico.
Es aberrante que los asesores del Órgano Ejecutivo formulen y propongan adefesios jurídicos, causando un innecesario desgaste político y social, en un momento que se reclama unidad nacional.
Lamentablemente, la ausencia de asesoría jurídica en CAPRES ha provocado confusión, incertidumbre y zozobra, al grado que generó centenares de detenciones ilegales (que, afortunadamente, la SCn/CSJ ya está controlando), lo que no sucedía desde la guerra civil.
Por eso, señor Presidente, por favor, busque un abogado que le asesore.