Seguridad y confianza

En 1992, se fundó la Policía Nacional Civil (PNC), como consecuencia y para dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de Paz de ese año; esto después de que la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional fueran disueltas tras ser acusadas de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Con la creación de este nuevo ente se pretendía transmitir tranquilidad a la población, cuyos preceptos están basados en la constitucionalidad, respetando los derechos de los salvadoreños.

La Policía Nacional Civil está bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y su función es mantener la seguridad pública. La Constitución separa las funciones de seguridad pública de las militares, pero permite que el presidente de la República acuda extraordinariamente de las fuerzas armadas al agotarse los medios ordinarios para mantener la paz interna y la seguridad pública del país. A pesar de lo anterior, en los últimos años la institución pública más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por la violación de derechos humanos es justamente la Policía Nacional Civil. Entre el 2021 y 2022 se recibieron 668 denuncias, de las cuales 118 fueron por vulneraciones respecto a derechos de las mujeres, siendo también el número más alto registrado de denuncias en el periodo comprendido entre 2019 y 2020.

Hoy en día, con regímenes de excepción que se prorrogan cada mes, estas violaciones a derechos humanos perpetradas por la PNC se han acentuado aún más. Lo anterior solo puede traducirse en que los objetivos y funciones de este organismo se han desvirtuado; velar por la seguridad pública incluye a todos los miembros que conforman la población salvadoreña. Los casos denunciados y tramitados en la PDDH permiten identificar la existencia de prácticas sistemáticas en el actuar policial que violan derechos humanos y alejan cada vez más a la Policía Nacional Civil de su naturaleza y concepción original, por cuanto se asemejan a las prácticas que caracterizaban a los extintos cuerpos de seguridad que existían antes de la guerra civil.

Nos encontramos frente a un Estado que no protege como constitucionalmente se ha establecido, ya que la PNC como organismo encargado es visto actualmente como una institución de persecución, lo cual incrementa la desconfianza e inseguridad en la ciudadanía. Se debe hacer sentir segura a la población, pero no a base de miedo. Una regulación adecuada y el acatamiento de las reglas de funcionamiento dentro de la PNC son claves para superar tratos malos, crueles, inhumanos o degradantes y el uso desmesurado de la fuerza. Esto con el objetivo de fomentar y recuperar la confianza de la población hacia este ente público, lo cual propiciaría a un mejor desempeño de sus funciones.

Por tanto, se hacen necesarias políticas de seguridad integrales, así como capacitaciones multidisciplinarias, que den respuestas positivas en las actuaciones de los miembros de la PNC al momento de realizar sus labores. Se debe dejar de priorizar la persecución, el estigma y el castigo; en cambio, se debe eliminar conductas orientadas al uso excesivo de la fuerza y contar con protocolos especializados frente a la violencia para mantener una comunicación directa y respetuosa para la construcción de una cultura de paz en la sociedad salvadoreña. Asimismo, es primordial respetar el límite de actuaciones de las autoridades públicas, es decir, que la Fuerza Armada no participe de tareas de seguridad sin que exista una justa causa objetiva, que haya sido deliberada por parte del Gobierno.

Estudiante de Ciencias Jurídicas

Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)