En días pasados, conocimos de la infausta noticia sobre la posible libertad condicional del ex presidente Elías Antonio Saca, la cual podría concretarse el 28 de octubre de 2021. En esa fecha Tony Saca cumpliría la mitad de la pena de 10 años a la que fue condenado por la justicia salvadoreña, al haber malversado $301 millones de dólares de las arcas del Estado durante su administración presidencial.
De concretarse tal posibilidad, una fuerte niebla vestida de impunidad se esparciría nuevamente en el ambiente jurídico nacional, dejando en la población salvadoreña un claro sentimiento de desdicha e impotencia. Otra vez, el poder político se impondría a la justicia que tanto se reclama en los diferentes tribunales de nuestro país. Recordemos que ya antes, dos ex secretarios presidenciales de la administración Saca fueron liberados anticipadamente al cumplimiento de sus condenas.
Pero no podemos culpar a los convictos por las consideraciones que la ley les otorga y por la cual reciben tales beneficios; es el sistema legal el que se debe revisar y actualizar, y esto es un reto de primerísimo orden para la próxima legislatura. Ojalá que los diputados que lleguen a la Asamblea Legislativa en 2021 prioricen este tema como un compromiso de interés nacional y sin importar el color partidario, se comprometan a reformar y actualizar la Ley Penitenciaria con miras a que los condenados por diversos delitos, cumplan su condena en la proporción del daño que han causado a la sociedad.
Porque no es posible que una persona que ha confesado haber cometido los delitos de peculado y lavado de dinero por más de $300 millones del erario y que además confesó haber sobornado con una fuerte cantidad de dinero a una empleada de los juzgados para manipular otro proceso judicial, quede libre por beneficios que le otorga el sistema, cuando el daño causado a su pueblo no tuvo precedentes.
Lo peor del caso es que estos personajes son un peligro latente para la sociedad a la que vuelven tras cumplir sus medias condenas; lo corrupto y lo sinvergüenza no se quita con pasar dos años y medio o cinco años “en la sombra”. Son más peligrosos aún, al constatar que estos delincuentes no aceptan haber cometido tales delitos, no aceptan ser catalogados como políticos corruptos que deben rehabilitarse; por el contrario, aseguran que lo que les ha pasado es injusto, que no cometieron ningún delito sino que solo actuaron de la forma que sus antecesores habían actuado. Vaya desfachatez!!!
El Fiscal General se ha pronunciado en desacuerdo con la reducción de la pena al ex presidente Saca, pero debe recordar que fue su antecesor, quien valiéndose de la complicidad de un sistema indulgente pactó con Saca la realización de un proceso abreviado, el cual debería ser un recurso excepcional, que aseguró al reo confeso una condena inconsecuente en relación al inmenso perjuicio causado a todos los salvadoreños. Eso es algo que la FGR no debe repetir.
Licenciado en Relaciones Públicas y Comunicaciones.