Los actores políticos deben acatar las reglas de la competencia electoral. Existen procedimientos y recursos para reclamar cuando no se está de acuerdo con una resolución de los organismos electorales. Estos últimos deben verificar que los candidatos cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Si los aspirantes no se apegan a lo señalado en la legislación simplemente no pueden competir. ¿Cómo quieren representarnos si son los primeros en despreciar el Estado de Derecho?
La violencia nunca será la vía para ganar una elección. Lo fue en los Setenta y Ochenta y desencadenó una guerra civil. En 1992 acordamos un renovado pacto político que abrió espacios a nuevos protagonistas y sentó las condiciones para que las elecciones fueran periódicas, libres, transparentes y equitativas. En los últimos 28 años los comicios han sido limpios; la alternancia en 2009 y en 2019, por mencionar dos de los eventos electorales más relevantes, lo confirman.
La estrategia de anunciar un posible fraude electoral en contextos tan polarizados como los que viven en la actualidad buena parte de los países latinoamericanos, incluyendo a El Salvador, arriesga la estabilidad política y genera un ambiente de crispación que nos puede llevar a situaciones del pasado que no queremos repetir.
Debemos desechar por completo cualquier asomo de violencia política. Las instituciones de control y la comunidad internacional están obligadas a actuar al respecto. Particularmente la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos deben observar con detenimiento los acontecimientos que están ocurriendo.
Preocupa que la Policía Nacional Civil (PNC), con la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suscribió un convenio para que preste seguridad en todas las etapas del ciclo electoral, esté ignorando el llamado de auxilio del organismo colegiado. La detención de funcionarios electorales muestra un comportamiento arbitrario de la PNC. Esos tiempos ya pasaron y no podemos regresar al período en el que las elecciones eran intervenidas por quienes se encontraban en el gobierno de turno.
La decisión final acerca de cómo quedará integrada la legislatura 2021-2024 la deben tomar los ciudadanos asistiendo a las urnas. Ciertamente es importante el equilibrio de poderes. La concentración de poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, con los antecedentes vistos el 9 de febrero, durante la pandemia y recientemente con el asedio a los organismos electorales, nos advierten sobre un régimen autoritario que apresura su paso para instalarse en El Salvador.
Las encuestas muestran una ventaja del partido oficial. Es legítimo que los partidos aspiren a tener las bancadas más robustas, pero deben ganar limpiamente, sin campaña adelantada ni ventajismo oficial ni empleando la violencia como lo estamos presenciando ahora mismo. Debemos tener en cuenta que se trata de una elección legislativa y municipal. Los liderazgos locales pesan y el sistema electoral salvadoreño no está diseñado para otorgar el poder a un solo partido político. Al contrario, la fórmula electoral de cocientes y residuo mayor procura que en la Asamblea Legislativa estén representadas el mayor número de fuerzas políticas.
Los partidos mayoritarios y todos los contendientes en general deben ser muy claros en su oferta electoral. Las disposiciones para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, las iniciativas para asegurar la transparencia en el uso de los fondos públicos, y las salvaguardas para que las instituciones de control no se detengan y cuenten con los mecanismos para hacer su trabajo, son tres áreas a las que les deben poner atención los candidatos. Por otro lado, es necesario que en la próxima legislatura se construyan consensos alrededor de la situación fiscal. Nos encontramos al límite y la falta de acuerdos puede generar serias consecuencias.
También es necesario incentivar la participación electoral. El TSE debe analizar las providencias que permitirán votar a los electores resguardando su salud. Los horarios escalonados para evitar aglomeraciones pueden ser una medida recomendable. La sustitución de la tinta indeleble, el uso de distintos plumones, la distancia social, la ventilación en los centros de votación, entre otras condiciones, son aspectos a tener en cuenta por el TSE. El aval de los partidos y la vigilancia sobre la adopción de estas resoluciones es muy importante. No se puede impedir a nadie, aunque esté infectado, a que ejerza su derecho al sufragio. Por otra parte, se requiere evitar contagios entre los funcionarios electorales: los miembros de las JRV, los vigilantes de los partidos, los observadores nacionales e internacionales y la misma autoridad pública que estará brindando seguridad en los centros de votación.
Todos estos factores importan en el marco de las próximas elecciones. Pero lo urgente, lo apremiante ahora mismo, es que los partidos, candidatos y el Ejecutivo respeten la autonomía del organismo electoral.
*Director de Estudios Políticos de FUSADES