Llegamos al 28 de febrero de 2021 en las mismas circunstancias que lo hicimos en febrero de 2019, antes de las presidenciales. Con una ciudadanía harta de la clase política, con desconfianza en la democracia y con un abultado grupo de personas a las que les es indiferente vivir en un sistema democrático o en uno no democrático. Entonces y ahora, los partidos ancla del sistema político salvadoreño fueron acusados, y con razón, de no cumplir sus promesas, de protagonizar escándalos de corrupción y de no renovar sus liderazgos y autoridades.
La antipolítica fue otra de las protagonistas en ambas campañas. El presidente, sus principales funcionarios y la militancia de Nuevas Ideas (N) arremetieron en contra de la clase política aprovechando el profundo desprestigio que arrastra esta última desde hace más de una década. Y los resultados fueron los mismos. Nayib Bukele ganó la presidencia de la República y ahora alcanzó la mayoría de diputados por un amplio margen.
El triunfo de N el pasado domingo fue legal pero escandalosamente inequitativo. Así lo señalaron las misiones de observadores nacionales e internacionales, particularmente la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta última, en su informe preliminar (MOE-El-Salvador-2021-Informe-Preliminar-ESP.pdf (oas.org), expresó que: “(…) fue notoria la publicidad gubernamental promoviendo la gestión de gobierno en medios tradicionales, incluyendo el canal estatal (…) La Misión observó una acción sistemática de parte de altos rangos de la función pública en apariciones en prensa y plataformas digitales oficiales, emitiendo declaraciones con tintes eminentemente electorales.”
En las pasadas elecciones hubo ventajismo oficial, uso de medios públicos de comunicación para promover a los candidatos del partido oficial y campaña adelantada -de todos los partidos-. Los funcionarios, incluyendo al presidente, se prevalecieron del cargo para hacer política partidista contraviniendo la prohibición expresa establecida en la Constitución. El gobierno acusó a la autoridad electoral de preparar un fraude electoral y advirtió que la tecnología en mesa presentaría problemas en el procesamiento y transmisión de los resultados electorales preliminares. Los hechos comprobaron lo contrario; la elección fue libre y transparente.
Después de la conquista de N, con 61 diputados a su favor, la impunidad electoral fue la gran ganadora. Ciertamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) superó el reto de organizar las elecciones en medio de la pandemia. La tecnología en mesa, con problemas que deben superarse en futuros eventos electorales, no mostró inconvenientes que impidieran registrar los votos e imprimir y transmitir las actas. Ahora mismo se encuentra realizando el escrutinio final.
Lamentablemente en el ámbito jurisdiccional el TSE actuó tarde y mal. Si bien dictó medidas cautelares en algunos casos, suspendiendo los anuncios publicitarios del presidente, en el que se utilizaban Símbolos Patrios y se pedía expulsar a los “mismos de siempre” de la Asamblea Legislativa, varias decenas de incumplimientos por la misma causa y otros que inclinaron la mesa a favor del partido oficial se quedaron en los escritorios de los magistrados. A los partidos no se les entregó el anticipo de la deuda política; más del 70% del financiamiento político privado monitoreado por la organización Acción Ciudadana fue utilizado por Nuevas Ideas; y la campaña estuvo vacía de contenido transformándose en un referéndum para evaluar el desempeño del mandatario en su primer año y medio de gestión.
En otros sistemas se sanciona el clientelismo político, el uso de la figura del presidente en elecciones legislativas y la inyección de dinero público en las campañas electorales. Otras legislaciones imponen como castigo la pérdida del cargo a quienes infringen ciertas normas electorales. La legislación salvadoreña es floja y quebradiza en ese sentido; y si el árbitro electoral no impone la máxima sanción, que no deja de ser insignificante, entonces los actores en contienda la eluden sin vergüenza alguna.
La voluntad de los ciudadanos fue clara y contundente: entregaron al gobernante la posibilidad de controlarlo todo. No están en duda los resultados ni el papel del TSE en la organización y procesamiento de los resultados. Sin embargo, si no se corrigen las reglas electorales, en próximos comicios podrían repetirse las malas prácticas y correríamos el riesgo de perder el derecho de sustituir a nuestros representantes cuando lo hagan mal.
*Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona