Escribo estas líneas antes del 28 de febrero, esperando su publicación ya pasadas las elecciones. Y con la plena convicción de que en las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y Concejos de 2021 no existió fraude electoral. A pesar de que desde hace meses se ha querido generar una narrativa de fraude, no existen las condiciones para que eso pase en El Salvador.
Una de las situaciones más dañinas para cualquier democracia en el mundo es llegar a un proceso electoral donde se ponga en duda el trabajo de la máxima autoridad en temas electorales, en nuestro caso el Tribunal Supremo Electoral, bajo una nube de fraude. Nos puede llevar a un conflicto indeseable para la sociedad salvadoreña.
No se debe confundir la inconformidad con los resultados de las personas, con el fraude electoral. Que los resultados no sean los deseados por personas o grupos no significará que hubo trampas. El gane de los candidatos se construye voto a voto, en las urnas, y no con las percepciones o cuentos en redes sociales. Tampoco se puede confundir la aplicación de la ley electoral vigente con trabas o fraude.
Desde hace años he sido muy crítica de la labor del TSE. Pareciera que a dicha institución le falta mucho trabajo y acciones para creerse a cabalidad el calificativo que la Constitución le ha otorgado de “autoridad máxima en materia electoral”. Le ha faltado un rol más protagónico en la defensa de los intereses ciudadanos al momento de ejercer el voto, y en filtrar las candidaturas que no cumplen con los requisitos; además, en los últimos años ha descuidado la resolución de casos jurisdiccionales, centrando toda su atención en la organización de elecciones. Pero hay una gran diferencia entre estar inconforme con la actuación del TSE, que siempre podría mejorar, y los señalamientos que se le hacen de fraude electoral.
En las elecciones de 2021 no existen condiciones para fraude electoral. Los diferentes partidos políticos tienen representación en cada uno de los organismos electorales, desde el Tribunal Supremo Electoral hasta cada una de las Juntas Receptoras de Votos en los municipios. A nivel nacional se desplegaron cerca de 1,900 fiscales electorales que tuvieron a su cargo verificar la legalidad de la jornada electoral y hacer valer la voluntad ciudadana. Y se hicieron presentes más de 3,000 observadores nacionales e internacionales, que brindaran un informe de los acontecido durante la jornada electoral.
Sin duda hemos avanzado desde las épocas que generaron el conflicto armado en El Salvador, donde el rol del Consejo Central de Elecciones era duramente cuestionado y sí había indicios de fraudes electorales. La situación ha cambiado. Ahora, el TSE tiene demasiados ojos sobre sus labores; hay intervención y control de todos los partidos políticos de cada paso que se da en la elección; hay mayor vigilancia ciudadana y existe la intervención de observadores nacionales e internacionales; las instituciones que colaboran con la elección se hicieron presentes, Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay una Sala de lo Constitucional para resolver los casos donde existan violaciones a los derechos constitucionales.
Escribo estas líneas antes del 28 de febrero, con la certeza de que, hoy por hoy, no hay indicios de fraude. También esperando que la jornada se haya realizado con toda normalidad. El reto de todas las instituciones sigue siendo trabajar activamente para que se disipe la narrativa dañina el fraude electoral en cada elección. Lo que peligra ante ello no solo son las elecciones de cada periodo, sino la estabilidad de nuestra democracia. Esperemos los resultados con cabeza fría.
Abogada constitucionalista.