Las naciones y los Estados tienen solo dos alternativas para la integración del gobierno y para el ejercicio del poder: o tienen partidos políticos que lo ejercen, lo controlan y lo reemplazan periódicamente, o no tienen partidos independientes y nadie puede limitar, controlar o cambiar a los que detentan el poder. Esta es la diferencia básica entre las democracias y las dictaduras. Luego hay muchas variantes de ambos modelos, pero esta es la almendra. Así de simple.
Asumiendo que no somos tan tontos para querer vivir en la miseria que traen todas las dictaduras sin excepción, y que no queremos, por supuesto, un tirano que suprima nuestras libertades, pisotee nuestros derechos y nos ponga en el cuello la bota de sus esbirros cuando protestamos, no hay otra alternativa que mantener y defender un régimen con partidos independientes.
Es cierto que a veces convierten la democracia en partidocracia. Es cierto también que con frecuencia ponen a personas corruptas en los cargos públicos. Es innegable que muchos de sus dirigentes son odiosos, prepotentes e incompetentes. Tanto así, que la mayoría piensa que los partidos son malos. Y puede que tengan razón, siempre que no ignoren que hay algo peor que la existencia de partidos… y es la falta de partidos. Si no, pregunten a los venezolanos o a cualquier pueblo que haya perdido su libertad.
Entonces, si no hay más remedio que tener partidos para no dejarle todo el poder a un tirano, hay dos alternativas para financiar su funcionamiento: una sin fondos públicos y otra con fondos públicos. Si los partidos se sostienen solo con donaciones de particulares, esto aumenta el riesgo -siempre latente- de que grandes capitales empresariales o mafiosos, especialmente narcos, impongan sus intereses. Por esta muy buena razón, nuestro sistema y el de casi todas las democracias modernas limita las donaciones de particulares y garantiza la contribución del Estado a los partidos.
El financiamiento del Estado a los partidos se conoce como “deuda política” y está consagrado en el artículo 210 de la Constitución. La ley regula esta materia tan decisiva para la legitimidad de la competencia electoral.
Pues bien, al señor presidente no le ha dado su santa y real gana respetar la Constitución. A esta fecha, los partidos no han recibido ni un centavo de lo que manda la ley. Los partidos de oposición, se entiende, porque todos han visto desde hace semanas al partido de gobierno gastando millones en publicidad.
En este plano, la contienda ha sido muy desigual, y ha dejado marcado al presidente y a la N del partido oficial por su conducta antidemocrática e ilegal. No es que se sirvió con la cuchara más grande, es que se tragó toda la sopa y no le dejó nada a los demás.