¿Conspiración contra las elecciones 2021?

En el caso del TSE, los magistrados deben confirmar que el único interés que los motiva es el de asegurar la celebración de elecciones limpias, equitativas y libres. Tienen que desvirtuar las acusaciones sobre su posible vinculación con partidos políticos

Feb 19, 2020- 21:50

El Estado parece conspirar contra las elecciones legislativas y municipales de 2021. No hay presupuesto aprobado, el Ejecutivo vetó por segunda vez la ley que regulará el voto desde el exterior y no se tiene certidumbre sobre la constitucionalidad de la elección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Asamblea Legislativa actúa con indiferencia ante el vencimiento del plazo que establece la ley para modificar las reglas que rigen el proceso electoral; la fecha fatal es el 28 de febrero. Los diputados no revisaron las normas relativas a la fiscalización del dinero que reciben los partidos para pagar sus respectivas campañas, ignoraron las propuestas que recomiendan la ampliación de la auditoría a los aportes que obtienen precandidatos y candidatos a cargos de elección popular y no han estudiado la iniciativa que sugiere crear una unidad especializada al interior del TSE que indague sobre el financiamiento político.
Frente a los graves contratiempos que presentó el proceso de 2015, los legisladores, en coordinación con el TSE, debieron aprobar las reformas necesarias para evitar la recurrencia de esos inconvenientes. En aquella ocasión, la tecnología falló y los cientos de inconsistencias en las actas obligaron, por orden de la Sala de lo Constitucional, al recuento de los votos en la circunscripción de San Salvador. Esta situación se repitió, si bien con menor intensidad, durante el 2018, cuando el sistema asignó, erróneamente, más marcas de las que les correspondían a ciertos candidatos a diputados. Algunas de las modificaciones cuyo debate tuvo que realizarse con suficiente anticipación a los comicios del próximo año para prevenir nuevos incidentes son: requisitos más rigurosos para las personas que integran las Juntas Receptoras de Votos, un plazo más extenso para su capacitación, el uso obligatorio de tecnología en mesa para facilitar el conteo y el llenado de actas, y nuevas causales que permitan la apertura de las urnas.
De nada o para muy poco han servido los seminarios organizados por el TSE en los que se revisaron los comicios de 2015 y 2018. El objetivo de este esfuerzo, con la participación de los partidos, las organizaciones que observaron las elecciones y expertos internacionales, era el de identificar las causas que ocasionaron las dificultades señaladas. El TSE entregó las conclusiones de las mesas a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales del Órgano Legislativo y éste último parece haberlas engavetado.
Cuando las elecciones fracasan la población identifica a un solo responsable: el Tribunal Supremo Electoral. No hay acusaciones contra el Ministerio de Hacienda, que retrasó el presupuesto; contra los diputados, por no definir las reglas de la competencia; ni contra la Sala de lo Constitucional, cuando se han implementado cambios en cumplimiento de sus sentencias. Los culpables, los que permitieron “el fraude”, los que organizaron mal la elección, y los que no tomaron decisiones oportunas para facilitar el ejercicio del sufragio, son, según la gente, los que integran al árbitro electoral.
El Tribunal, si bien ha exigido la aprobación del presupuesto y de la legislación que le permita organizar adecuadamente la justa comicial, debe ejercer, con mayor propiedad, el papel que le otorga la Constitución de la República como “máxima autoridad en materia electoral”. Si no lo hace, o sigue reclamando tibiamente sus derechos, habrá de responder frente al país por no eliminar a tiempo los obstáculos que complicaron la legitimidad de los resultados electorales.
El TSE debe informar a la Organización de los Estados Americanos y a la Unión Europea, con detalle, los peligros a los que tendrá que plantar cara en 2021. Se trata de dos instancias que velan por la celebración de elecciones con integridad. Sus recomendaciones, después de cada elección, contienen una riqueza de ideas encaminadas a mejorar el funcionamiento del sistema electoral. Ellos son testigos de la falta de acción de los diputados cuando constatan que apenas unos pocos de sus consejos han sido aplicados. Su función como observadores de todo el ciclo electoral —antes, durante y después de la elección-— permitiría identificar a los verdaderos causantes de un eventual fracaso de los comicios legislativos y municipales.
Hoy más que antes se requiere de instituciones sólidas, capaces de asumir el rol que les corresponde en defensa de la Constitución y la ley. Los funcionarios tienen que actuar con determinación porque la ciudadanía está más atenta a sus acciones y es más exigente cuando ocurren omisiones. En el caso del TSE, los magistrados deben confirmar que el único interés que los motiva es el de asegurar la celebración de elecciones limpias, equitativas y libres. Tienen que desvirtuar las acusaciones sobre su posible vinculación con partidos políticos y comprobar, cuando la historia los juzgue, que exigieron a los órganos de Estado las condiciones mínimas para el cumplimiento de sus atribuciones como autoridad electoral.

Doctor en Derecho y politólogo

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