La reducción de homicidios en El Salvador es significativa. Existe duda, sin embargo, en cuanto a la razón detrás de la disminución. El gobierno la adjudica a la implementación de su plan de control territorial. Los pandilleros, según u artículo publicado recientemente por El Faro, aseguran que son ellos los que han decidido bajar la cantidad de hechos violentos. ¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo? ¿Quién está saludando con sombrero ajeno? ¿A quién le creemos?
Las pandillas han demostrado que tienen la capacidad para aumentar y disminuir la visibilidad de sus actividades delictivas a su antojo. La negociación propiciada por el gobierno de Mauricio Funes con los cabecillas de todo nivel marcó un punto importante de inflexión. Además de perfeccionar la organización de las distintas estructuras que conforman cada pandilla alrededor de un objetivo en común, dichas agrupaciones realizaron el enorme potencial que conlleva dejar atrás las rivalidades sin sentido y establecer alianzas.
Hace poco, cuentas supuestamente manejadas por policías, difundieron en Twitter la fotografía de dos pandilleros, uno de la MS-13 y el otro del Barrio 18, que fueron sorprendidos juntos cuando una patrulla interceptó la motocicleta en la que viajaban. Hechos como este demuestran como la rivalidad entre dichas agrupaciones ha pasado a un segundo plano. Los negocios y los intereses económicos son ahora los protagonistas. Sin duda alguna, parte importante de la disminución en los homicidios obedece a que las dos pandillas han aprendido a colaborar. Basta con prestar atención a las características de los asesinatos para darse cuenta que los conflictos interpandilleriles han dejado de ser la principal motivación.
La estructura de mando pandillera se ha vuelto más sofisticada, influyente y robusta. El aparato de seguridad gubernamental, en cambio, está bajo una conducción inexperta en la que predominan los intereses políticos sobre los criterios técnicos. La seguridad, así como es costumbre, se instrumentaliza para la consecución de objetivos de naturaleza política. El actual gobierno, igual que sus antecesores, pide préstamos y más fondos en el nombre de la seguridad. También usan las instituciones para atacar adversarios políticos.
Las figuras más importantes del gabinete de seguridad han dejado claro que están dispuestos a sacrificar la integridad de su trabajo y poner en riesgo a personal en el terreno con tal de agradar al presidente. Todos han demostrado que su lealtad al mandatario es más importante que su lealtad a la ciudadanía. Rogelio Rivas, por ejemplo, lo mostró cuando pidió disculpas por sus declaraciones en contra de un asesor presidencial detenido por atacar el vehículo de dos mujeres. Después de haber dicho que el asesor tenía que responder por sus delitos y renunciar, tuvo que retractarse, en un claro acto de sumisión al presidente. Rivas, además, ha insinuado públicamente que políticos de oposición incrementaron los asesinatos en contubernio con las pandillas, poniendo así en peligro la integridad de cualquier trabajo de investigación o inteligencia sobre el tema y la seguridad de quienes lo realizan.
La inmadurez e inexperiencia de algunos funcionarios también es evidente. Han dejado entrever que se dejan llevar por sus emociones. Carlos Marroquín, alias el Slipt, encargado de la reconstrucción del tejido social, por ejemplo, pierde su tiempo y energías en ataques y cruentas discusiones en redes sociales. Gastar su limitado tiempo en estas trivialidades, demuestra cómo sus emociones monopolizan sus actuaciones. Resulta difícil pensar, por lo tanto, que toma las delicadas decisiones que implica su trabajo con cabeza fría y tino, sin que las emociones entorpezcan su razonamiento.
La estructura de mando pandillera parece tener una clara ventaja, lo que lleva a pensar que el gobierno es el que saluda con sombrero ajeno. Si es así, El Salvador está en aprietos.
Criminólogo. @_carlos_ponce