Los Bitcoins y monedas electrónicas similares compiten con el sistema bancario en todos los negocios que se pueden hacer con ellos —el traslado de recursos, el almacenamiento de ahorros y la intermediación financiera (dar préstamos con los ahorros depositados)—pero tienen una desventaja enorme en esa competencia: la gran volatilidad de sus precios con respecto a todas las monedas internacionales. Sufren fluctuaciones mensuales que superan el 40% para arriba y para abajo.
El gobierno planea meter, para empezar, $150 millones en una cartera de bitcoins. Si la hubiera creado a los precios vigentes en abril, para ahora ya habría perdido $60 millones, y le quedarían $90 millones, sólo por tenerlos denominados en Bitcoins porque el precio del Bitcoin ha caído en 40%. Esto también le hubiera pasado a cualquier persona que guarde bitcoins. En una caída de estas cualquiera puede quebrar, y no habrá segunda vuelta para ella. Decirle a alguien que le ha pasado esto que esto no prueba que los Bitcoins son malos para guardar reservas porque también pudieron haber subido, es como decirle al que, jugando ruleta rusa, se ha pegado un tiro, que jugar a la ruleta rusa no es una mala idea porque el revólver podría no haber disparado.
Este riesgo es enorme y se tiene no solo si se mantienen ahorros en Bitcoins sino también si éstos sólo se usan para hacer transferencias, porque entre el momento en el que se manda la orden de transferencia al momento en el que los dólares se convierten en Bitcoins, se transfieren y se convierten en dólares el precio puede cambiar muchísimo.
Con los $150 millones mencionados arriba, el gobierno está creando una cartera para garantizar que el precio de entrada y salida de los Bitcoins sea el mismo, pero como siempre habrá cambios y pérdidas, el gobierno puede perder la camisa del país al dar esa garantía. En el sistema no se puede determinar en qué lugar geográfico se inicia o se termina una transferencia, de modo que el gobierno terminaría garantizando el precio en todo el mundo. Esto aumentaría las pérdidas por encima de las pérdidas causadas por la caída de los precios. Esto puede succionar todo el dinero de El Salvador.
Si los sueldos estuvieran denominados en dólares y se pagaran en Bitcoins, el ministerio de Hacienda no sabría cuántos dólares usaría para comprar los Bitcoins para pagar los sueldos hasta el momento en el que los estuviera pagando. Si los sueldos estuvieran denominados en Bitcoins la gente no sabría cuántos dólares le darían en el mercado por sus Bitcoins —el mismo sueldo en Bitcoins sería $1,000 en abril y $400 en junio, por ejemplo.
Todas estas desventajas son enormes para que el Bitcoin circule como moneda de curso legal. La única característica con la que el Bitcoin puede competir con el sistema bancario es que opera de una manera anónima, de tal forma que, a menos que se regule la entrada y la salida en la conversión de Bitcoins a dólares y viceversa, no se puede saber quién manda el dinero, quién lo recibe, la cantidad enviada ni cuánto dinero tiene alguien en sus carteras. Esta característica, sin embargo, sólo da una ventaja competitiva para un grupo específico de clientes, la gente que quiere mantener ocultas sus operaciones financieras. Esto incluye lavadores de dinero, evasores de impuestos y criminales en general. No es por casualidad que extorsionistas, como los secuestradores de computadoras que el FBI acaba de capturar en Estados Unidos habían pedido y mantenían el rescate en Bitcoins. Esta conexión con el crimen plantea otro gran riesgo de imponer este sistema.
Hay otras gentes que están en Bitcoins: las que creen que el precio del Bitcoin va a subir para siempre, las que les gusta apostar como en Montecarlo y las que les gusta probar cosas nuevas y sentirse cool. Pero todos estos grupos legítimos son una minoría, como lo prueba el hecho de que el gobierno tiene que forzar su uso.
Peor aún, el Fondo Monetario Internacional y compradores internacionales legítimos no van a financiar a El Salvador para que se juegue el dinero como que estuviera jugando ruleta rusa. Hay tantos otros problemas que no caben en este artículo. La pregunta es, ¿por qué correr estos riesgos tan grandes y tener costos tan altos que el país no puede cubrir? Sabemos bien quién va a pagar estos costos: el pueblo. ¿Quiénes serán los beneficiarios?
Máster en Economía
Northwestern University