El precio de la ira

En El Salvador no necesitamos más leyes ni que se endurezcan las penas para la infinidad de delitos y faltas que ya han sido creados. Lo que más urge a nuestra sociedad es que las leyes existentes se hagan cumplir sin peros, sin brindar prerrogativas, privilegios y sin hacerse del ojo pacho.

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Comprasal es parte del sistema electrónico de compras públicas, donde se divulgan las adquisiciones y contrataciones de las instituciones del Estado. El pasado 4 de septiembre, el gobierno colgó en ese portal la propuesta de reformas a la LACAP. Foto EDH /

Por Erika Saldaña

2019-09-09 5:45:48

Somos una sociedad violenta. Lo vemos cada día en las noticias de El Salvador, donde no falta el prójimo que irrespeta a los vecinos, que maltrata a su familia, que llega al punto de matar a otro. También lo vemos en las calles, en la persona que le “tira” el vehículo que maneja al resto de carros o peatones, el que pita sin ningún sentido, el que insulta y los que se comportan de manera poco civilizada. Todo es reflejo de refleja la rebeldía e incivilización de una parte de la población salvadoreña, que no ha comprendido las reglas de vivir en sociedad.

El último ejemplo representativo de esta incivilización fue el conductor que agredió físicamente a un gestor de tránsito, a quien las buenas costumbres y educación no le alcanzaron en ese momento; no fue hasta que lo detuvo la policía por el delito de lesiones que pidió perdón y entendió que a la autoridad se le debe respeto. Nos cuesta entender de civilidad por las buenas.

Ese breve incidente de violencia en los alrededores del monumento al Divino Salvador del Mundo le costó a la persona iracunda una sanción bastante relevante: tres días de detención en bartolinas y $600 dólares en concepto de indemnización. Como reza un popular refrán, “el vivo a señas, y el tonto, a palos”. En una sociedad violenta y en la que hemos estado muy acostumbrados a que este tipo de incidentes no pasan de ser un video viral en redes sociales, esta situación demuestra que cuando se quiere hacer cumplir la ley, se puede. Y todos deberíamos sacar una lección de la misma.

En El Salvador no necesitamos más leyes ni que se endurezcan las penas para la infinidad de delitos y faltas que ya han sido creados. Lo que más urge a nuestra sociedad es que las leyes existentes se hagan cumplir sin peros, sin brindar prerrogativas, privilegios y sin hacerse del ojo pacho. Es sumamente necesario que las sanciones ya establecidas sean ejecutadas y que de verdad se conviertan en disuasivos a los infractores para realizar los actos que se encuentran prohibidos. Si no sabemos comportarnos de manera civilizada por educación y convicción propia, es hora que las leyes se hagan cumplir para obligarnos a respetar a los demás.

El caso de la agresión al gestor de tránsito debería servir de ejemplo para todos los ciudadanos, que si incumplimos la ley y no nos manejamos de manera adecuada dentro de la sociedad, eso tendrá una consecuencia, pagaremos un precio por no saber respetar los derechos de los demás. El mismo suceso debería servir de ejemplo a las autoridades, que cuando quieren centrar esfuerzos en hacer cumplir la ley y volver efectivas las penas, pueden hacerlo. Esa es la lógica de las leyes: si alguien comete una conducta prohibida, se le sanciona. Y esto sirve de disuasivo para que el resto de personas nos comportemos de manera civilizada.

Insisto, todas las personas debemos comenzar por dar el ejemplo desde nuestro círculo cercano, para después exigirle cumplimiento a toda la sociedad. Irrespetar las leyes de tránsito, de convivencia, evadir impuestos, entre otras responsabilidades individuales, son semillas que posteriormente pueden desembocar en actos que afectan a la sociedad. Ahora es momento que adquiramos conciencia, por las buenas, de que existen reglas de conducta que se deben respetar y su incumplimiento acarrea una sanción. Con suerte, el precio de la ira o de las infracciones a la ley no pasa de ser un tema monetario o sanciones leves; no permitamos que estas actitudes se conviertan en tragedias graves para las familias salvadoreñas.

Abogada