El plan de seguridad

Aunque estas ideas no son nuevas, ninguno de los gobiernos anteriores había enfrentado el problema con una estructuración de ellas. Este gobierno tiene el mérito de haberlas presentado, en orden, y de haber comenzado a implementarlas. Tiene una gran responsabilidad también, porque está en sus manos el llevarlas a la realidad con mano firme

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Se calcula que 2.8 millones de salvadoreños residen en EE.UU. y envían dinero a sus familiares a El Salvador. Foto EDH/Archivo.

Por Manuel Hinds

2019-07-11 8:28:05

El plan de seguridad que ha anunciado el gobierno está conceptualizado en dos fases.
La primera es un combate frontal para recuperar los espacios que los delincuentes han tomado bajo su control. La segunda es el afianzamiento de esos espacios a través del establecimiento de una red de servicios estatales que establezca una presencia sostenible del Estado en esos territorios. En conjunto, las dos fases contemplan la recuperación de la soberanía por parte del pueblo, que se había perdido por la incompetencia de los últimos gobiernos. Ya hace varios años que la población había perdido el sentido de comunidad porque no podía ni reunirse ni caminar libremente en la calle sin el permiso de los grupos criminales.

Estos grupos habían sido capaces de adueñarse de los territorios, expeliendo al gobierno y quitándole las libertades básicas a la población porque desde que comenzó el trauma de la guerra los salvadoreños habían perdido la cohesión social y se habían aislado en pequeños grupos familiares sin contacto con los demás. Esta división social abrió el camino para que los grupos criminales impusieran su orden. El divisionismo social y político de las últimas décadas empeoró esta situación. Lógicamente, la solución a este problema tiene que pasar por recrear el tejido social que la guerra y el divisionismo subsecuente han destruido. Para vencer a la violencia, la sociedad tiene que volver a ser una, más que lo que nunca fue en realidad. El plan del gobierno tiene el potencial para lograr esto.

La primera fase es inevitable. Es necesario restablecer las libertades esenciales del salvadoreño en sus comunidades —la libertad de tránsito, de trabajar para sí mismo, de estar libre de las órdenes de criminales—. Pero esta recuperación no puede ser sostenible si cuando los policías se van, la población sigue estando aislada de los demás, de tal modo que no puede organizarse para defenderse y vivir libremente.

La segunda fase contempla la reconstrucción del tejido social a través de la creación de fuentes de empleo, la construcción de obras públicas comunitarias y centros deportivos, la reparación de escuelas, la erección de centros comunitarios y culturales, tales como bibliotecas y el mejoramiento de la vivienda. Dentro de las actividades asociadas a esto irían la capacitación de jóvenes, la creación de infraestructura en zonas precarias, mejorías en el servicio de aguas y alcantarillados, actos culturales y la creación de ligas deportivas. Adicionalmente, hay campañas, ya iniciadas, para contrarrestar el reclutamiento de las pandillas apelando a la autoestima de los jóvenes. El plan presentado por Hacienda cuantifica los costos de todo esto, organizado en programas.

En realidad la segunda etapa va mucho más allá que el restablecimiento de la presencia estatal en todas las comunidades en las que ésta se había perdido. El objetivo real sería crear comunidades en lo que ahora son sólo aglomeraciones de gente, basadas en instituciones en las que los individuos puedan multiplicar sus potencialidades en contacto con los demás. Si se hace bien, el resultado final del funcionamiento de estas redes sería la creación de una sociedad cohesiva, con una democracia que trabajaría, como debe de ser, de abajo para arriba. La reducción drástica de la criminalidad sería algo que se daría por añadidura.

Estas ideas no son nuevas, y lo digo así en sentido positivo porque lo que necesitamos no son ideas nuevas sino ideas efectivas. Son ideas probadas en muchos países y ciudades en el mundo entero, incluyendo muy prominentemente, en Medellín, en donde han transformado una ciudad dominada por poderosos sindicatos del crimen en una en la que la gente goza de sus espacios y de sus instituciones comunales, y participan en ellas como ciudadanos en una verdadera democracia. En respuesta a ese cambio de ambiente la ciudad ha atraído muchas más inversiones y se ha vuelto un motor potente del desarrollo.

Aunque estas ideas no son nuevas, ninguno de los gobiernos anteriores había enfrentado el problema con una estructuración de ellas. Este gobierno tiene el mérito de haberlas presentado, en orden, y de haber comenzado a implementarlas. Tiene una gran responsabilidad también, porque está en sus manos el llevarlas a la realidad con mano firme para que, siendo tan buenas, no vayan a resultar en otro fracaso. Para lograr esto, no necesita sólo política sino también profesionalismo.

Máster en Economía

Northwestern University.