Hace 40 años, el 15 de octubre de 1979, un alzamiento de jóvenes militares le puso fin al mandato presidencial del general Carlos Humberto Romero, y con él a un prolongado periodo de gobiernos encabezados por caudillos de la Fuerza Armada. Ese golpe de Estado, el último en la historia de El Salvador, marcó también el punto final del régimen inaugurado por Hernández Martínez en 1931. Tras el golpe, la instalación de una Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por militares y civiles alentó la expectativa de una reforma política que contuviera el creciente estallido social, y con ello evitara el ya previsible conflicto armado.
Aunque hoy, cuatro décadas después, a las nuevas generaciones nos pudiera parecer que esos acontecimientos pertenecen a un pasado remoto, es oportuno echar un vistazo a la historia y plantearse algunos aprendizajes sobre el golpe del 79 que bien podrían tener validez en la actualidad.
En la configuración de la primera Junta Revolucionaria hubo al menos dos fuerzas determinantes: primero, la Juventud Militar (mayoritariamente oficiales de rango medio) que vieron en el golpe una oportunidad para reformar la Fuerza Armada, pero también para evitar una insurrección al estilo del Frente Sandinista en Nicaragua. Segundo, las expresiones sociales organizadas, representadas por el Foro Popular, en el que convergían las principales fuerzas opositoras (democracia cristiana, socialdemócratas y comunistas) junto a otros movimientos campesinos y sindicales. Ambas fuerzas estuvieron representadas en el nuevo gobierno y pidieron el voto de confianza de la sociedad civil.
Pocas semanas bastaron para demostrar que, en la práctica, el golpe implicaba la coexistencia de dos proyectos en un mismo proceso: por un lado un proyecto de reforma progresista (representado por el Foro, la academia y segmentos de la Iglesia Católica y el empresariado) que aspiraba ponerle alto a las políticas represivas del régimen militar y abrir un proceso de democratización social y económica; pero por otro lado un proyecto contrainsurgente, abanderado por grupos influyentes de las Fuerzas Armadas y del PDC. Este último proyecto fue el que se impuso hasta eliminar la representación progresista en el gobierno y endurecer la represión en las calles y en el campo.
Como se ha dicho antes, tanto el golpe como la Junta avivaron la esperanza de evitar un conflicto armado y revertir la descomposición política causada por el régimen anterior. Y era razonable: la indignación contra esos gobiernos, incapaces de satisfacer las necesidades básicas de la gente, se tradujo en la expectativa de que solo con sustituir lo antiguo bastaría para que llegara algo mejor. Fueron muchos, tanto de quienes antes apoyaban a los gobiernos militares como de los que pertenecían a la oposición, quienes confiaron en que el nuevo gobierno traería una ruptura radical, un giro de timón para satisfacer las demandas de los sectores más vulnerables y avanzar hacia un proceso de democratización política y social. La historia nos demuestra que pasó todo lo contrario.
Lo que entonces ignoraban quienes le dieron su apoyo a la Junta era que tras la apariencia intelectual y moderada que proyectaban los representantes de la sociedad civil e incluso varios líderes militares de vocación democrática, la esperada ruptura no llegaría porque los verdaderos conductores del nuevo gobierno tenían interés en la continuidad de círculos de corrupción, la persecución de enemigos políticos y la promoción de figuras mediáticas que años más tarde terminarían hundiendo al país en una crisis todavía más aguda. Si hay parecidos con la actualidad tal vez no sea coincidencia.
Si la otra cara de la moneda hubiera quedado arriba, si los militares democráticos y la sociedad civil progresista hubieran prevalecido y si la Junta hubiera sido coherente en implementar el programa de reformas en el que tantos confiaron, quizá en octubre de 1979 se habría podido evitar la guerra.
@RamiroNavas_