Hay muchos mitos que rodean al tema del ejercicio de la función pública que desarrolla el presidente y sus ministros. En un país presidencialista como el nuestro se puede pensar que el presidente es un ente todopoderoso que puede ejecutar, a voluntad, todas las ideas, órdenes, ocurrencias o mandatos, que gire a los diversos funcionarios que forman parte del Estado, situación que se encuentra alejada de la realidad, ya que el presidente y sus ministros, tal como sucede con cualquier funcionario y empleado público, se encuentran sujetos al “principio de legalidad”.
Ese principio implica que el funcionario público, cualquiera que sea, únicamente puede ejecutar acciones dentro del marco de las facultades que la ley les da. En otras palabras, muchas de las cosas que los ciudadanos critican de la función pública (nepotismo, corrupción, viajes sospechosos, contrataciones irregulares, burocracia, exceso de tramitología, etc), se deben, en muchos casos, a la deficiente estructura legal que regula las actuaciones de los funcionarios.
Para el caso, veamos lo que sucede con las cargas fiscales. Si bien es cierto que es el Gobierno Central le pone su “toque personal” a la gestión del Ministerio de Hacienda respecto al trato y relación que tiene con los contribuyentes, no es menos cierto que tanto el Ministro como los funcionarios de la Hacienda Pública están “amarrados” al principio de legalidad, es decir, no tienen más facultades que la ley les otorga, por lo que todo lo que le exigen a los contribuyentes tiene un origen: las leyes que provienen de la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, si el contribuyente se siente acosado o presionado por las gestiones de Hacienda, por sus exagerados controles, informes, obligaciones, costos administrativos, etc., a quien realmente tienen que voltear a ver para deducir responsabilidades es a los diputados.
Depende enteramente de ellos poder crear o reformar las leyes que deriven en un aumento de la “presión fiscal” en los contribuyentes, lo cual ocurre mediante el aumento de las tasas fiscales, creación de nuevos impuestos permanentes o temporales (que muchas veces se convierten en definitivos), obligaciones de reportes administrativos, etc. Si los diputados no aprietan el botón de “sí”, nada de eso ocurriría.
Ante los señalamientos de nepotismo y corrupción que han salido a la luz por medio de investigaciones periodísticas, es comprensible el sentimiento del ciudadano que quisiera “barrer” con lo que existe actualmente en la Asamblea Legislativa; pero ese sentimiento no debe trasladarle sin reflexión a extender un “cheque en blanco” al partido de gobierno para que se convierta en una “aplanadora cian”, que otorgue sin contrapesos todo lo que el Presidente o sus ministros soliciten, ya que si el presidente, por muy buenas intenciones que tenga, gobierna nuestro país sin los respectivos contrapesos constitucionales, podríamos volver a vivir en El Salvador las terribles experiencias vividas en la década de los Ochenta con la infame “aplanadora verde”.
Como probablemente los Ochenta suenen a “historia antigua” para los “millennials”, vale la pena recordar un poco esa época: se nacionalizaron los bancos, se devaluó el colón (sí, en esa época había colones), se llevó a cabo la reforma agraria, la familia Duarte ocupaba muchos cargos importantes dentro del Estado, se lanzaron diversos “paquetazos” legislativos que ponían aranceles abusivos a los artículos suntuarios (para que sepan, el chocolate americano era “artículo suntuario”, lo que lo convertía en impagable) y se aumentaron considerablemente los impuestos al comercio e industria.
Todo ello ocurre cuando un presidente “hace lo que quiere”. En El Salvador eso es parte del pasado, ahora hace únicamente lo que la ley le permite. Los diputados son los que crean la ley; de ahí que, aunque es positivo sacar a todo diputado jurásico, así como aquellos que han demostrado no ser dignos de ejercer dicho cargo, este 2021 reflexiona profundamente tu voto, busca opciones, por que de tu voto depende que exista una Asamblea Legislativa proba, independiente y no genuflexa ante los deseos de un presidente.
Una Asamblea Legislativa independiente permitirá que la idea del presidente “todopoderoso”, no sujeto al principio de legalidad, continúe siendo un mito en nuestro país.
Abogado. máster en Leyes.
@MaxMojica