Durante la inauguración de la quinta edición del diplomado sobre sistemas políticos y gestión pública de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (ECADE), un programa de educación cívica del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, afirmó que “la información falsa, la desinformación y la propaganda afectan a la democracia y a los procesos electorales”.
Para contrarrestar los efectos nocivos de la desinformación, en otros sistemas los ciudadanos, los periodistas y los tribunales electorales han dispuesto la creación de plataformas cuya finalidad exclusiva es la verificación de la información. En Uruguay, por ejemplo, ante la contienda presidencial del próximo 27 de octubre, surgió un proyecto para comprobar los datos de dudosa procedencia que circulan en las redes. Como principal argumento para concretar este proyecto, los promotores dicen que “reivindican al periodismo y defienden la democracia”. Es una coalición de medios, con cientos de periodistas de Montevideo y el interior, con representación de la academia y organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de organismos internacionales, que se unen para combatir la mentira en la campaña electoral. “Todos juntos contra la desinformación en defensa de la verdad” es su lema. Ideas similares existen en México, Costa Rica y Panamá.
El relator de la CIDH aclaró que las opiniones duras y chocantes no son susceptibles de un juicio de veracidad y son parte del debate público. La libertad de expresión protege el discurso sobre asuntos políticos, funcionarios o el funcionamiento del Estado. De lo que se trata más bien es de evitar la propagación intencional y deliberada de desinformación por parte de Estados, entidades privadas y/o personas. Edison Lanza agrega que las Fake news no solo se refieren al contenido, también evidencian una falta de actor responsable y un modo de circulación masivo. Se pretende instalar “verdades alternativas” confundiendo a la gente y construyendo agendas sobre mentiras y difamaciones (léase el informe de la CICIG sobre bots y netcenters).
Con el propósito de contribuir, a través del Derecho internacional, a resolver el problema de la desinformación, el Relator informó que está próxima a publicarse una “declaración conjunta de los relatores (DC 2017)” que sistematiza el problema y los principios aplicables, establece obligaciones estatales y de las autoridades respecto del fenómeno y dicta recomendaciones para el sector privado y para los medios de comunicación. Entre los principios para abordar la temática, la DC 2017 establece que el Estado debe mantener neutralidad frente a los contenidos que circulan en internet. Para quienes difunden intencionalmente noticias falsas, dice la DC, las sanciones deben ser civiles y bajo estándar de probar la malicia temeraria. Por otra parte la declaración señala que las personas que en forma no intencional replican una fake news no deberían ser penalizadas; de igual forma los intermediarios no deberían ser responsables por los contenidos de terceros, salvo que intervengan o se nieguen a acatar una orden judicial.
La DC 2017 recomienda a los medios de comunicación ofrecer una cobertura crítica de la desinformación, la propaganda y las noticias falsas. Asimismo les aconseja poner en práctica sistemas efectivos de autorregulación y de rendición de cuentas y hacer efectiva la rectificación y el derecho de respuesta ante información incorrecta. A los intermediarios en internet les pide, entre otros asuntos, desarrollar soluciones tecnológicas para que los usuarios puedan verificar la información; y fortalecer la protección de datos personales.
Uno de los apartados más importantes de la DC 2017 es el que plantea las recomendaciones a los Estados. En resumen, la declaración les demanda destacar el rol del periodismo independiente y suprimir la retórica que desacredita a la prensa, lo mismo que abstenerse de establecer leyes que criminalicen a la prensa o habiliten la bajada y remoción, de modo automático, de lo que el Estado considera como contenido “falso”.
La resolución sugiere promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación con medidas que fomenten su constitución (desgravación impositiva, fondos concursables).
En conclusión el Relator Lanza advierte que el chequeo y la verificación de terceros independientes sobre la información falsa han sido importantes, pero no suficientes. Por tanto sugiere trabajar en soluciones jurídicas, tecnológicas y periodísticas. El involucramiento de las autoridades electorales cuando se trata de los comicios y la influencia negativa que despliega la desinformación durante las campañas es fundamental.
Doctor en derecho y politólogo