Con la llegada del nuevo gobierno se anunció el restablecimiento del diálogo social entre los empleadores y el sector laboral. El Código de Trabajo creó dos entes tripartitos en los que participan representantes del Ejecutivo, de las gremiales empresariales y de los sindicatos del sector privado. Se trata del Consejo Superior del Trabajo (CST) y del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM).
El primero vino a sustituir al Foro de Concertación Económico y Social, una instancia que después del conflicto armado y con la firma del acuerdo de paz, intentó el establecimiento de una agenda de desarrollo que no fue posible concretar por diferencias entre los sujetos políticos involucrados. Ante el fracaso de esa iniciativa se impulsó el CST como espacio institucional de discusión entre los empresarios y los trabajadores con la intermediación del gobierno. El CST se conformó y operó con normalidad desde 1994 hasta 2013. Durante este último año las autoridades de turno no lo integraron por desacuerdos con la representación laboral.
Los sindicatos denunciaron que el gobierno pretendía designar trabajadores sumisos a sus intereses y que esa era la razón por la que se bloqueaba la elección de dicho sector en el Consejo.
La falta de representación sindical dejó inoperante al CST generándose una clara violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) denunció ante el pleno de la OIT el incumplimiento de los convenios 87 y 144 que establecen, respectivamente, el derecho de las asociaciones de empleadores y sindicatos de trabajadores a nombrar de forma autónoma y bajo el procedimiento establecido en la ley a los delegados de su sector en el CST, y la obligación de la Asamblea Legislativa de realizar consultas al CST sobre leyes que afecten a los actores que lo componen.
La denuncia ante la OIT derivó en graves sanciones para el Estado salvadoreño. El país fue incluido en la “lista negra” por su falta de sometimiento a los instrumentos internacionales ratificados. El actual ministro de trabajo, Rolando Castro, mantuvo un encuentro con directivos de la ANEP, en el que ofreció recuperar el CST y ordenó el inicio del procedimiento que corresponde para constituirlo de acuerdo a las normas establecidas.
Una situación más complicada ocurre con el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se trata de la entidad que tiene a su cargo la aprobación de los aumentos del salario mínimo que la ley manda revisar cada tres años. Al igual que el CST, al CNSM lo integran los sectores empleador, sindical y gubernamental. El consenso que debe rodear el acuerdo para incrementar el salario en los distintos sectores debe ser tal, que los actores involucrados acepten su implementación, ya sea en un solo momento o de manera escalonada, todo con el propósito de evitar especulaciones que deriven en procesos inflacionarios que compliquen la situación económica.
En 2016 la ANEP señaló irregularidades en el proceso de elección del CNSM. Las violaciones fueron similares a las demandadas para el caso del CST. Se trataba del incumplimiento, por segunda ocasión, de los convenios 87 y 144 ya explicados, además de los identificados bajos los números 98, que prohíbe al Ejecutivo realizar actos de injerencia para controlar las organizaciones de empleadores y trabajadores y el 131, sobre la forma en la que estas deben integrarse.
La ANEP manifestó su total rechazo por la manipulación conducida por el ministerio con la finalidad de nombrar representantes que pactaran una subida del salario sin contar con la intervención de los miembros que correspondía nombrar según la normativa legal. Los empresarios no se oponían al incremento sino al procedimiento y a la falta de legitimidad de quienes lo adoptaron. La cúpula empresarial decidió no asistir a la juramentación del nuevo Consejo porque persistía la queja de los sindicatos de haber sido sustituidos por trabajadores del sector público cuando se trata de decisiones que impactan en la esfera privada.
La necesidad de contar con organismos permanentes de diálogo debe ser tomada en cuenta por la administración que recién toma posesión. El presidente Bukele aún no define cuáles de los consejos, comisiones y mesas conservarán su existencia para que las gremiales y los sindicatos continúen cimentando una relación de confianza que les permita construir pactos de nación. Descuidar este aspecto restaría efectividad a su labor al frente del Ejecutivo y enfriaría el vínculo que debe existir entre los pilares del sector productivo.