En los últimos días hemos escuchado diversas opiniones respecto de las medidas de combate a la delincuencia implementadas por el nuevo Gobierno; opiniones políticas, técnicas y legales, todas con mucha riqueza intelectual, unas constructivas, y otras con fines distintos, pero todas válidas al fin.
Algunos políticos opinan que las medidas implementadas ya fueron ejecutadas en el pasado y que debemos esperar a ver sus resultados. Mientras que algunos especialistas en criminología consideran que la represión como combate a la delincuencia resulta ser una guerra sectorial; piensan que odio engendra más odio y que los ciudadanos se ven en la difícil decisión de escoger entre los pandilleros para no ser objeto de abuso de los policías y militares, o entre los policías y militares, para no ser víctima de los pandilleros. Y no faltan algunos especialistas en Derecho que consideran que las medidas pueden llegar a ser, incluso, atentatorias contra los derechos humanos.
Es innegable que la riqueza intelectual que tienen ciertos políticos, observadores sociales, o criminólogos, fundada en su pericia o experiencia, da un aporte valido y técnico al momento de analizar la política de seguridad; después de todo, sus opiniones recogen la enseñanza que su trayectoria y sus estudios especializados les han brindado; pero, cuando le preguntas al ciudadano que vive en zonas controladas por las pandillas respecto del despliegue policial y militar, qué opina, ¿será que las vivencias de estas personas son consecuentes con la opinión de los políticos, observadores y criminólogos?
Hace unos días hablaba con personas que han vivido en zonas controladas por pandilleros, me comentaba que, en efecto, el despliegue policial y militar ya había sido ordenado en otros gobiernos, y que como resultado la delincuencia en su comunidad había reducido. Pero además expresaban, que las declaraciones tajantes y directas de cero tolerancia lanzadas desde Casa Presidencial no solo habían provocado la reducción de la delincuencia, sino la dispersión de los pandilleros de la zona, como si hubieran migrado a otra comunidad.
Entonces, al cotejar la opinión técnica con la opinión popular, vemos una discrepancia notable, lo cual nos lleva a pensar, ¿acaso como críticos estamos perdiendo la brújula respecto de a donde debemos dirigir nuestras opiniones? O ¿cuál será los motivos que muchos analistas, políticos, u observadores, se enfoquen en doctrinas o en resaltar lo que se ha hecho en el pasado?
Y es que la diversidad de opiniones no significa per se un error, sino que existen dos matices igual de válidos: por un lado, los resultados inmediatos, que son los que observa el sector popular, y por otro la visión a largo plazo, que es lo que analiza el sector técnico. Pienso que es importante recordar que los tres pilares del combate a la delincuencia son la represión como mecanismo reactivo al problema; la prevención, a efecto de evitar la criminalidad en el futuro; y además la rehabilitación, como mecanismo de solución social de aquellos criminales que pueden ser devueltos a una vida útil en la sociedad.
Por ahora, hemos visto un despliegue con notables resultados inmediatos, además de un plan compuesto en varias etapas, pero que la buena nota recibida por esa gestión no sirva únicamente para que unos se vuelvan más populares, sino que esa sea la albacea donde depositaremos la esperanza del fin de la delincuencia, y que partamos de ahí para exigir acciones constantes y globales. Y además que se ventile el resto de la planificación, puesto que la represión por sí misma únicamente sofocara el incendio que existe, que incuestionablemente hace falta; pero además de ello, es preciso conocer cuál será el plan de prevención y de rehabilitación, porque las buenas políticas son integrales, no populistas, porque aunque los primeros pasos son prometedores, debemos conocer el rumbo completo para creer en un feliz destino.
Abogado
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