Sigfrido Reyes es ahora un perseguido por la justicia nacional e internacional, pues la semana pasada se giró orden de captura contra él. A este expresidente de la Asamblea Legislativa se le acusa de corrupción por presunto mal uso y despilfarro de los fondos del Estado. Esa misma corrupción que viene de hace décadas, que nos tiene tan resquebrajados como sociedad. La noche en que se confirmó la orden de captura contra el dirigente del FMLN también fue un momento de desinformación.
La tarde del pasado martes se comunicó que a las seis de la noche el Juez Decimoprimero de Paz daría la resolución del caso llevado a su conocimiento. Al buscar la información sobre este hecho había datos diametralmente distintos. Muchos periódicos digitales informaron “Libertad para los diez detenidos en el caso de Sigfrido Reyes” o “Duro revés a la Fiscalía”, dando la impresión de que el caso había finalizado o que no existe ningún indicio de los delitos establecidos por la Fiscalía. Esto se sumó a que las cuentas en redes sociales del FMLN señalaban que el caso no tenía ningún sustento y que se trata de una persecución política.
Lo que todos estos periódicos, periodistas y partidarios omitieron manifestar es que se envió a la etapa de instrucción a todos los imputados por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa; además, tienen como medidas la restricción para salir del país, orden de presentarse al tribunal cada quince días, fianzas entre veinte y treinta mil dólares, entregar el pasaporte y uso de brazalete electrónico. Lejos de aparentar que no hay indicios, da la impresión de que se abre el camino para que se empiece a investigar a los dirigentes del partido saliente del gobierno.
Sobre la medida sustitutiva a la detención provisional otorgada a los imputados también hay que hacer algunas precisiones. Los salvadoreños parece que siempre queremos ver sangre. Esto es producto de las décadas de impunidad que hemos vivido, sobre todo en casos de corrupción o en los que se ven involucrados funcionarios o gente adinerada, que utilizan sus influencias para esquivar a la justicia.
Sin embargo, hay que tener claro que la detención provisional es una medida para asegurar la presencia de las personas en todo el proceso judicial y disminuir el riesgo de fuga. Si el juez considera que los imputados presentan los arraigos domiciliares, laborales y familiares necesarios, que demuestren que enfrentaran personalmente el proceso, se decreta una medida distinta a la detención. De que se cumplan los requisitos para decretar una medida sustitutiva a que el sistema judicial no funciona y quedan libres por tal motivo, hay una gran diferencia. El reto, para todos los casos, es que exista una aplicación igualitaria de la ley.
Las personas que informan sobre los casos judiciales deben actuar con honestidad intelectual y profesionalismo. El periodismo en un área tan especializada como la judicial debe contar con conocimiento técnico suficiente para que las notas que ponen a disposición de la sociedad sean precisas y no solo retraten una cara de la moneda, a la medida de sus intereses o prejuicios. También el gremio de abogados debe hacer honor a sus años de estudio y experiencia, evitando lanzar afirmaciones apresuradas y sin sustento sobre los casos.
Las opiniones son subjetivas y cada quien está en el derecho de decir lo que quiera, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Pero si queremos hacer un ejercicio ético de la libertad de expresión, hay que informarnos lo suficiente y tener la debida cautela al momento de lanzar afirmaciones, sobre todo cuando son personas profesionales las que las realizan. No contribuyamos a la desinformación.
Abogada.