La segunda reforma universitaria

Las universidades son -o deberían ser- organizaciones o espacios privilegiados de conocimiento, aprendizaje, tecnologías, investigación y diseño de soluciones; en teoría, es el lugar en dónde se forman los técnicos y profesionales que necesita el país y también el espacio en dónde se crean soluciones teóricas y artefactuales -patentes- para resolver problemas de bienestar, empresariales o industriales.

En los rankings “serios” de universidades las instituciones salvadoreñas son invisibles. Por ejemplo, según Forbes Centroamérica, en el ranking QS 2022 las cinco mejores universidades de la región son: Universidad de Costa Rica (531-540); Tecnológico de Costa Rica (801-1000); Universidad Tecnológica de Panamá (801-1000); Universidad Nacional de Costa Rica (1001-1200); y Universidad Nacional Autónoma de Panamá (1201+). De hecho en este ranking ni el país aparece:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022

En El Salvador contamos con una taxonomía de seis tipos de universidades: 1) La Universidad de El Salvador, que posee autonomía y una Ley Orgánica. 2) Las instituciones públicas que dependen del Estado; 3) Grandes instituciones privadas laicas. 4) Grandes instituciones privadas confesionales. 5) instituciones pequeñas con apoyo empresarial; y 6) Instituciones pequeñas que dependen de las cuotas y del comportamiento del mercado.

En cada categoría taxonómica los retos, circunstancias, desafíos y liderazgos son muy distintos; no obstante, compartimos ciertas debilidades o vicios estructurales: a) ser “ascensores sociales” (Martín-Baró) dar títulos; b) limitadas patentes; c) débil vinculación con sectores productivos; d) matrícula muy baja; e) mercantilización educativa; etcétera. No obstante, también debemos reconocer que hay esfuerzos importantes y excepciones; existen instituciones que se desafían a sí mismas logrando ciertos aportes científicos y/o forman profesionales competentes y capaces.

No debemos olvidar en el análisis, que sólo 1 de cada 10 estudiantes que terminan educación básica se gradúa de la universidad; tenemos una matrícula muy baja y perversa; menos del 30%. De 10 estudiantes que terminan 6º grado, 4 se gradúan de bachillerato, 2 ingresan a la universidad y 1 se gradúan.

De 41 instituciones autorizadas de educación superior, sólo 15 ostentan la categoría de acreditada, es decir, solo el 30% de las instituciones cumplen estándares de calidad aceptables; y solo hay tres universidades que se han sometido a procesos de acreditación bajo estándares internacionales (Hcéres de Francia).

Según el Informe The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition Las universidades como organizaciones educativas se enfrentan a tendencias y desafíos importantes: a) aprendizaje colaborativo; b) rediseño de los espacios de aprendizaje; c) cultura de innovación; d) alfabetización digital; e) resolver brechas; f) gestión de la obsolescencia; g) replanteamiento del rol docente; h) tecnologías adaptativas de aprendizaje; i) Mobile Learning; j) Internet de las cosas; k) Inteligencia artificial; entre otros.

Muchos de estos cambios implican grandes inversiones, y no tenemos una cultura de donaciones, grants o subsidios para la educación superior; las universidades dependen de las cuotas y de algunos proyectos que generen excedentes para reinvertir en infraestructura y equipamiento. Paradójicamente, las cuotas de las universidades son muy bajas (al menos respecto a las cuotas de colegios privados bilingües), aunque responden a las limitaciones macroeconómicas del país.

Actualmente contamos con una nueva “Política de Educación Superior” y con un conjunto de iniciativas reformistas de la Dirección Nacional de Educación Superior para poner al día nuestro sistema universitario. Pero se necesita un poco más de debate, discusión y diálogo intersectorial.

En nuestra historia del nivel terciario encontramos pocos hitos de reforma; en 1841 nace la UES; en 1965 se crea la Ley de Universidades Privadas con el nacimiento de la UCA; durante los años 80 se desarrolló el boom de universidades privadas; y con la primera reforma de 1995 se corrigieron los excesos a través de la nueva Ley de Educación Superior (1995-1997) y se crearon los tres subsistemas de calidad: Información, evaluación y acreditación.

Esta segunda reforma pautada por la Política de Educación Superior, que surgió del proyecto “Educación Superior para el crecimiento económico” de USAID, es más débil que la primera pero mucho más necesaria. La debilidad está en el limitado diálogo y debate técnico sobre los temas sustantivos basados en evidencia; la necesidad en los cambios globales de transformación digital.

Las universidades grandes -laicas y confesionales- y las pequeñas con apoyo empresarial ya poseen su carta de navegación; la Universidad de El Salvador debería revisar su equipaje institucional y lograr un presupuesto más robusto pero también nuevos compromisos de calidad; y las universidades pequeñas deberían crear una “federación” para revisar, compartir y mejorar sus capacidades, trabajando en conjunto y no como islas…

¿Es momento de hacer una reforma universitaria…? Sí y no…; sí por los cambios de la transformación digital a escala global, por las necesidades de internacionalización y por el bajo desempeño académico y científico; y no, por las condiciones políticas que vive el país, en dónde predomina el fanatismo electoral, populista, ideológico y político.

Durante veinticinco años de enseñar, investigar, evaluar y publicar reflexiones sobre el quehacer universitario, siempre hemos sostenido que “Ninguna sociedad es superior a sus universidades”; en efecto, las sociedades son consecuencias de sus sistemas educativos, y el liderazgo político y empresarial depende de la estatura formativa que aportan las universidades, no hay otro atajo…

Investigador Educativo/opicardo@asu.edu