Cuando hablamos de salud, por regla general tendemos a pensar únicamente en nuestra salud física y, si no tenemos ningún padecimiento de esta índole, consideramos que estamos “bien”. No obstante, hay un aspecto que con frecuencia dejamos de lado: nuestro bienestar mental, que es igual de importante que el físico. Abordar este tema es clave en una verdadera política de salud pública.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el bienestar como “aquel estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática (física) y psíquica (mental)”. Por lo tanto, podemos considerar que estamos realmente sanos cuando ambos aspectos están en óptimas condiciones. Sin embargo, dado nuestro entorno conservador, donde el acudir a centros de atención psicológica es visto como un signo de “locura”, preferimos trabajar solo en nuestro cuerpo y mandar a un segundo plano nuestros sentimientos; ha llegado el momento de hablar del elefante en la habitación.
Primeramente, hay que mencionar que las estadísticas sobre este tema no son nada alentadoras. De acuerdo con la UNICEF y su guía “Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas”, la OMS detalla que alrededor de unas 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una tasa estimada de 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes. La población más afectada son los jóvenes entre 14 y 29 años de edad. Además, la agencia sanitaria de Naciones Unidas admite que puede existir una subnotificación de casos, ya que el estigma y el tabú que rodean a este problema hace que no se denuncien los casos de comportamientos suicidas no fatales a nivel mundial.
En ese mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha expresado que, a pesar de todos los esfuerzos hechos en materia de salud, todavía se mantiene que cada 40 segundos una persona se suicida, siendo particularmente las Américas la región más afectada, dado que cada año se suicidan 81,000 personas. A esta problemática hay que sumar la pandemia y todos sus efectos (pérdidas de seres queridos, restricciones a la libertad ambulatoria, incertidumbre, entre otros). La misma OPS ha señalado sobre este punto que “desde la perspectiva de la salud mental, una epidemia de gran magnitud implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. Así, se ha estimado un incremento de la incidencia de trastornos psíquicos (entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta puede sufrir alguna manifestación psicopatológica, de acuerdo a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad)”.
Ahora bien, veamos la situación de nuestro país. Para el año 2016, según el Banco Mundial, la Tasa de Mortalidad por suicidio por cada 100,000 habitantes en El Salvador era de 13.7. Para el 2018, dicho indicador aumentó a 14, ubicándonos en el tercer lugar a nivel latinoamericano, solo por debajo de Uruguay y Cuba. A pesar del hermetismo que hay sobre este tema y los pocos datos actualizados que se hacen públicos, el Instituto de Medicina Legal contó 1,327 suicidios entre enero de 2016 y diciembre de enero de 2018. Entre las causas más comunes se encontraban situaciones como la depresión, el alcoholismo, la violencia, los abusos sexuales, las amenazas de muerte y las pérdidas de un ser querido.
En conclusión, el problema es muy extenso y aún hace falta un compromiso serio por parte de las instituciones públicas para, primero, elaborar una política de prevención y de eliminación del estigma que rodea esta problemática con la finalidad de evitar estos trágicos desenlaces y para, segundo, destinar los recursos necesarios para que la ejecución de esta alcance a la mayor parte de la población, sobre todo a los sectores más vulnerables.
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)