Nadie se imaginó que el año 2020 comenzaría de esta manera, con un virus que pondría de rodillas hasta al más grande de los países de Primer Mundo, ninguna persona estaba lista, ningún protocolo preparado y sin las herramientas e información necesarias para combatirlo. Sin embargo, nuestro país pudo haberse adelantado en preparación, estudios, estadísticas y cumplimiento de derechos sobre la temática de “discapacidad”, un tema que se mantiene olvidado y sin un censo de cuántas personas con discapacidad hay en nuestro territorio y la información necesaria de ubicación.
La encuesta realizada por el CONAIPD nos da una idea de la cantidad de población con discapacidad, pero no es un dato completo. Ahora, ¿qué hacemos? En la crisis del COVID-19 es necesario que, aunque no se sepa la cantidad de población con discapacidad y la ubicación de cada persona, se sepa al menos cómo tratarla, informarla, prevenir que se contagie y cómo atender a este sector si llega a contagiarse. Las personas con discapacidad estamos cansadas de que toda la responsabilidad del cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad o Declaraciones que emiten las Naciones Unidas para los derechos humanos recaiga en nosotros mismos y en nuestras familias. La pregunta de fondo es: ¿Cómo el Gobierno de El Salvador protege a las personas con discapacidad en este momento? Se ha publicado un protocolo de atención integral para las personas con discapacidad; sin embargo, éste indica que la prevención del contagio, la realización de información accesible y demás cuidados es responsabilidad de las mismas personas con discapacidad, sus familias u organizaciones dedicadas al sector de discapacidad.
La Declaración emitida por la Organización de las Naciones Unidas les recuerda a los Estados la obligación de darle cumplimiento a las metas de los Objetivos de Desarrollo dentro del área discapacidad, garantizando la protección, seguridad y salvaguarda de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
Para que nuestro Gobierno pueda tener conocimientos claros de procedimientos a realizar, debe involucrarnos a las personas con discapacidad en los procesos de inclusión y accesibilidad, somos nosotros quienes conocemos las necesidades y cómo proceder en la atención y cuidados. El derecho al acceso a la información es fundamental en esta emergencia, sobre todo al acceso a materiales educativos e informativos en formatos accesibles de comunicación donde se comprendan mensajes claros y propicien procesos de educación inclusivos, donde toda persona con discapacidad y adultos mayores puedan aprender la prevención o adquirir conocimientos varios. Así mismo, hoy más que nunca, la tecnología es un pilar importante para acceder a servicios de comida, bancarios o farmacéuticos, y las plataformas digitales deben cumplir, al menos de manera básica, las guías de lineamientos sobre accesibilidad. Son la empresa privada, diseñadores y programadores de estas aplicaciones y plataformas, los que deben tomar en cuenta todo lo anterior al desarrollar sus productos, con la asesoría de profesionales con discapacidad especialistas en la materia.
La implementación de la accesibilidad garantiza que las personas con discapacidad, en especial la sensorial, y los adultos mayores puedan educarse, informarse y prevenir el contagio, así como utilizar estas plataformas de manera independiente, autónoma para que puedan acceder a los servicios básicos necesarios en estos días y en el futuro. Como persona con discapacidad exhorto al Gobierno a que le otorguen prioridad a la correcta atención de la salud, protección física y económica de las personas con discapacidad en esta emergencia. Posterior a la misma, debe hacerse el levantamiento estadístico de la población con discapacidad, ya que es de vital importancia en estos momentos, en que se tiene el deseo de apoyar a este sector, pero que lamentablemente no lo tienen identificado. También como profesional, me pongo a la orden, y les animo tanto al Gobierno como a la empresa privada a que diseñen materiales adecuados para la información, al acceso independiente a plataformas digitales de productos y servicios básicos, desarrollo de programas de apoyo económico y psicológico tanto como la elaboración de protocolos donde se involucre la experiencia, el conocimiento y la experticia que poseemos las personas con discapacidad para una mejor ejecución.
Permítanse ser asesorados por profesionales sobre la atención a personas con discapacidad, personas que conocen la temática y pueden ser de mucha ayuda para luchar contra esta crisis. Cumplamos con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención y la misma Constitución de la República facilitando la inclusión social para personas con discapacidad, recordando que en estos momentos nuestra vulnerabilidad es más alta de lo normal. A las personas con discapacidad les impulso a exigir una correcta atención y cuido, a que nos involucren en los diseños de protocolos, al acceso a la información y al cumplimiento de cada uno de nuestros derechos.
Especialista en Comunicación y Diseño Accesible
Directora Ejecutiva Fundación Manos Mágicas.