El mundo es diferente después del COVID-19. Bueno, por lo menos en los países en los que el riesgo de contagio se sigue tomando en serio. Aún estamos descubriendo cómo será la nueva dinámica en los distintos ambientes en que nos desenvolvemos. Sin duda, unas cambiarán más que otras. Muchos pronostican, no obstante, que sistema de justicia penal, será uno de los que se verá forzado a transformarse radicalmente.
Los países que han empezado a salir del encierro de la cuarentena muestran cómo la realidad a la que retornan sus ciudadanos es distinta. Los protocolos para visitar los bancos y supermercados, por ejemplo, han cambiado radicalmente, obligando a que la circulación sea más ordenada, controlada, sanitaria y descongestionada. Ahora, todos procuran mantener el distanciamiento físico. El uso de tapabocas es la norma, algo esperado y hasta exigido. Usarlas constituye una muestra de responsabilidad social. Incorporar estas nuevas prácticas al sistema de justicia penal implica una transformación sustancial.
Muchos advierten, por ejemplo, que las Policías alrededor del mundo tendrán que cambiar la forma en que interactúan con la ciudadanía. Por ejemplo, en muchos países, los controles vehiculares están prohibidos. Los policías no pueden montar retenes y parar a los conductores de forma aleatoria, sin una sospecha razonable de que se ha cometido un ilícito. Algunos expertos opinan que, debido al riesgo de contagio que conllevan este tipo de intervenciones, la tendencia será a que este tipo de intervención sea menos frecuente.
Otros analistas señalan que otro elemento del trabajo policial que tendrá que cambiar son las detenciones. Algunos pronostican una transformación radical en los protocolos de captura que minimizará el contacto entre la persona detenida y los elementos policiales. Otros opinan que la medida de prohibir la capturas por delitos menos graves, adoptada por muchos países para contener la primera ola de contagio de COVID-19, se convertirá en algo permanente o, al menos, una versión de esta medida se adoptará de fijo.
A medida se avanza en el sistema de justicia penal, las transformaciones se vuelven más difíciles. Los cambios en el sistema penitenciario serán particularmente complicados. Generar las condiciones para el distanciamiento físico en las cárceles es complejo, especialmente en Latinoamérica, ya que el hacinamiento es abrumador. Algunos países han adoptado programas de libertad anticipada para descongestionar sus penitenciarias y, de esa forma, reducir el riesgo de contagio. Así han diseñado sistemas para otorgarle la libertad a personas que no representan un riesgo para la sociedad. He escuchado a expertos en el tema advertir que es muy probable que muchos más países adopten este tipo de iniciativas.
Muchos señalan que, aunque esto provee cierto alivio, no es suficiente. Los custodios e internos continúan conviviendo en un ambiente de alto riesgo. Lógicamente, los protocolos de limpieza, visitas y actividades tendrán que cambiar significativamente también. Las autoridades penitenciarias tendrán que mejorar las condiciones y medidas sanitarias, entregando regularmente equipo de protección a los internos y al personal de custodios. Aún así, algunos expertos opinan que esto no será suficiente y anticipan que los sistemas penitenciarios se verán obligados a ampliar la cantidad de instalaciones y hacer una mejor clasificación de los internos.
Los sistemas de justicia penal, sin duda, tendrán que experimentar una transformación radical. Es importante que estos cambios se hagan desde una perspectiva técnica. En muchos países, las decisiones se están tomando basadas en criterios médicos y evidencia empírica generada a través de estudios criminológicos. Las cárceles latinoamericanas son de particular interés para los académicos internacionales interesados en el tema. Están a la expectativa de que los intereses políticos y el marketing electoral, común entre los gobiernos populistas de la región, influencien la forma en que se enfrentará la nueva realidad en los sistemas de justicia.
Criminólogo.