¿Y si llamamos al Chapulín Colorado?

Hace unos días, la Asamblea electa por el pueblo promulgó una ley que decretaba que no podían hacer reuniones en eventos deportivos -para mal o para bien, de acuerdo o no, eso es lo que decía la ley-. Pero días después, un funcionario se le ocurrió decir que “no”, que “si podían haber eventos deportivos si las personas llegaban vacunadas”… lo cual equivale simplemente a que el poder Ejecutivo no hace caso a las leyes promulgadas por la Asamblea del pueblo.

Por Maximiliano Mojica
Abogado, máster en leyes

Jul 19, 2021- 20:50

El Chapulín Colorado fue un entrañable personaje de la televisión mexicana que por décadas hizo las delicias de las familias latinoamericanas. Todo iniciaba cuando uno de los personajes expresaba un angustioso “¿Y ahora quién podrá defendernos?”, invocando al Chapulín para tratar de superar algún terrible entuerto.
El personaje era pura fantasía, pero lo que no es fantasía y siempre está ahí para defendernos es el Estado de Derecho o, como lo citan los anglosajones: “The rule of law”.
El Estado de Derecho existe cuando las reglas de juego están claras en una sociedad y no pueden ser alteradas de acuerdo con la voluntad de alguien que posea un poder superior, sea este un hombre fuerte, un terrateniente, un patrono, un padre de familia o un gobernante.
Desde la revolución agrícola, cuando los humanos pudimos asentarnos u organizarnos en ciudades, surgió la necesidad de un gobierno que cumpliera tres aspectos esenciales (que continúan siendo los mismos a la fecha), brindar seguridad, salud y educación.
Junto a los avances de la humanidad, avanzaron los derechos de los comunes, del pueblo; y empezó a tomar forma el concepto de que no solo el líder tribal, el rey o el presidente tienen derechos, sino que el campesino, el empresario, el hombre común también tiene derechos que ejercer frente al gobierno. De ese concepto surge el Estado de Derecho, el “rule of law”.
Pasamos de ser súbitos a ser ciudadanos; de ser simples sujetos sometidos al rey, a ciudadanos libres con derechos inalienables. De tal forma que al individuo se le reconocieron derechos frente a otro que tuviese más poder que él: hijos menores de edad frente a sus padres (Lepina), esposas frente a sus esposos (Código de Familia), obreros y empleados frente a sus patronos (Código de Trabajo), administrados frente al gobierno (ley de procedimientos administrativos, ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y Constitución de la República).
Luego de cientos de años de luchas sociales, el ciudadano realizó que no estaba sometido a la voluntad o capricho de un gobernante, interpretándose este como alguien que tiene “poder temporal”: un papá, un patrono, un alcalde, un funcionario, un ministro o un presidente, sino que el ciudadano únicamente estaba sometido a una ley dictada con anterioridad por una asamblea de sus pares (es decir, otros miembros del pueblo), que hubiesen sido electos en votaciones libres.
Tan es así que esa persona que ostenta el poder temporal también debía sujetarse a las leyes dictadas por esa asamblea del pueblo, no pudiendo modificarlas ni reformarlas ni derogarlas. Y si no las quiere cumplir, existe para ello un órgano judicial independiente que lo obliga a acatarlas… Eso es precisamente lo que hemos perdido en El Salvador.
Hace unos días, la Asamblea electa por el pueblo promulgó una ley que decretaba que no podían hacer reuniones en eventos deportivos -para mal o para bien, de acuerdo o no, eso es lo que decía la ley-. Pero días después, un funcionario se le ocurrió decir que “no”, que “si podían haber eventos deportivos si las personas llegaban vacunadas”… lo cual equivale simplemente a que el poder Ejecutivo no hace caso a las leyes promulgadas por la Asamblea del pueblo. Es decir, ya no vivimos en un Estado de Derecho, ya que el “rule of law” ya no existe en nuestro país, lo que existe es la voluntad de quien nos administra y no lo que dictan los que nos representan: los diputados electos por el pueblo.
Ese funcionario “reformó”, “derogó” o “interpretó auténticamente” -usted escoja- la ley que la Asamblea había promulgado; acción que es claramente inconstitucional y que a su vez constituye un claro aviso de lo que nos viene: la ley que tenemos que ejecutar no es la que dicta la Asamblea, tenemos que esperar la respectiva cadena nacional, un tuit o un mensaje, que venga del ejecutivo para saber a qué atenernos: regresamos a vivir sujetos a la voluntad del rey.
“¿Y ahora quién podrá defendernos?”. Si viviéramos en un Estado de Derecho sería la ley y los tribunales la que nos defendería frente a los abusos del poder… pero viviendo en este país, a lo mejor lo que nos conviene es llamar al Chapulín.

Abogado, Master en leyes/@MaxMojica

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