Irrelevante significa “que carece de relevancia o importancia” (DLE-RAE). En el entorno político equivaldría a intrascendente. Un actor político insignificante no decide, no incide en las resoluciones de otros ni es escuchado por quienes detentan el poder. Sin embargo, su capacidad de propuesta, de análisis crítico y de contralor de las decisiones en el ámbito de lo público permanecen intactas. Todo depende de la oportunidad con la que proceda, del sentido común con el que estudie sus acciones y, principalmente, de la seriedad con la que desempeñe su rol de oposición.
A partir del 1º de mayo, los partidos minoritarios salvadoreños, aunque limitados en el número de diputados para alcanzar los votos que requiere la aprobación, modificación y derogatoria de las leyes, mantendrán vigente su facultad de presentar iniciativas de ley (artículo 133 ordinal 1º de la Constitución). Durante años el FMLN no contó con mayorías en la Asamblea Legislativa. A pesar de esa restricción, sus proyectos de ley, las piezas de correspondencia a las que otorgaba iniciativa a solicitud de las organizaciones sociales, y la exigencia para que se conformaran comisiones ad hoc orientadas a la investigación de asuntos de interés nacional, marcaban la agenda política e influían en la opinión pública con independencia del resultado final.
Por otro lado, la oposición debe utilizar la información generada por organismos internacionales, organizaciones gremiales, centros de pensamiento, universidades y líderes de opinión. En Perú, un solo diputado era capaz de atraer la atención de la prensa. Sus informes acerca de la situación económica nacional, del estado de la ejecución del presupuesto y de la sanidad de las finanzas públicas, hacía de contrapunto de los datos oficiales. Este es un aspecto medular cuando un partido persigue controlarlo todo. El contraste, el talento y la inteligencia de contraponer a las cifras oficiales una versión diferente, con fuentes confiables, y de luchar contra la desinformación que generan quienes conducen al Estado, a la larga, o en algunas ocasiones en el corto plazo, cercena la versión única de la realidad que el grupo político dominante intenta imponer.
Luego existen las instituciones de control. En el pasado, la oposición política presentó inconstitucionalidades contra dictámenes de diferente tipo: aprobación de Tratados de Libre Comercio, leyes y reglamentos, y elección de funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Fundamental. En caso de posibles delitos, los partidos acudieron a la Fiscalía General de la República. Si los excesos de poder no llegan al extremo de destituir a los responsables de interpretar la Constitución y a quien dirige la investigación del delito, hasta 2027, en el caso de la Sala de lo Constitucional y en enero de 2022, cuando por disposición constitucional cambia el Fiscal General, las posibilidades de atajar actuaciones autoritarias se mantendrán vigentes y las fuerzas políticas minoritarias lo mismo que la sociedad civil organizada podrán activarlas.
Las alianzas entre esta última y los grupos parlamentarios calificados por el presidente como “irrelevantes” será otro “muro de contención” si su conducta y la de los parlamentarios que integran a la “bancada cyan” sobrepasa los márgenes dispuestos en un régimen donde debe predominar el Estado de derecho. De lo que se trata es de aglutinar en una sola voz a los demócratas, a quienes entienden el juego democrático como un espacio donde necesariamente debe convivir el pluralismo político. En este grupo caben empresarios de todo tamaño, trabajadores, académicos, estudiantes, periodistas, profesionales, jóvenes, políticos, en definitiva, hombres y mujeres que quieren vivir en un sistema democrático, republicano y representativo. Entre los que no votaron el 28 de febrero y los que lo hicieron por un partido diferente al oficial, suman más de tres millones de salvadoreños.
Por último, la oposición debe reforzar sus vínculos con la comunidad internacional y con los organismos hemisféricos. El Informe “Práctica de Derechos Humanos en 2020” del Departamento de Estado, publicado la semana pasada, confirma que las violaciones al orden jurídico por parte de las autoridades de turno no son indiferentes a la comunidad de naciones. La defensa internacional de la democracia está más vigente que nunca. Cada denuncia, cada reporte nacional sobre agresiones a la libertad de prensa, al acceso a la información, a la transparencia y a lucha contra la corrupción, cada actitud contraria a la Constitución y los incumplimientos de mandatos fijados por las instituciones de control, son registrados y tenidos en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento de las democracias en el mundo y contribuyen a la imposición de sanciones cuando la gravedad de los hechos lo amerita.
La irrelevancia política es una “etiqueta” que busca implantar el gobierno de turno a la oposición y a quienes considera como adversarios y hasta sus “enemigos”. Dependerá de los partidos, de las organizaciones civiles y de los ciudadanos comprometidos con la democracia si esa pretensión, con fines tiranos y despóticos, cala o no en el comportamiento y resolución de los llamados a resguardar los principios que singularizan a toda sociedad libre.
*Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona.