Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela cambiaron sus constituciones durante las presidencias de Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez. En los cuatro países se introdujo la reelección presidencial irrestricta, modificando mediante mecanismos legales el texto de la Carta Magna.
Además de la reforma, los cuatro países tuvieron en común regímenes populistas liderados por autócratas que aprovecharon las características socioeconómicas de sus sociedades para instalarse en el poder. Nada de qué extrañarse pues es inherente al populismo ser un magnífico instrumento para llegar al poder… y perpetuarse en él.
No importó si se convocaron asambleas constituyentes, si se hizo yendo directamente a la “voluntad” popular (pues, como se atribuye a Stalin, “basta con que el pueblo sepa que hubo una elección, los que emiten los votos no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”), si se crearon Congresos nacionales paralelos. Una vez decididos a perpetuarse todo vale, pues para el populista la ley es irrelevante cuando no se está en el poder, y cuando éste se tiene, se aplica discrecionalmente, en favor propio y en detrimento del contrario.
Para el populismo autocrático es fundamental eliminar el principio de separación de poderes del Estado o hacerse con todos ellos; y, si no es posible, copar el tribunal supremo del país. ¿Gobernar? No interesa. Tener el poder lo es todo.
Con la constitución modificada los derechos cívicos empiezan a ser reconocidos solo para un grupo. Se instrumentaliza todo el sistema legal para perseguir a los rivales, a los incómodos, a los periodistas, a los intelectuales. Se usan mecanismos legales para destruir la democracia misma, la representatividad legislativa, y —por supuesto— la oposición.
Al cesar la Constitución de ser la norma suprema (de hecho, o de derecho), no solo deja de regular la vida jurídica de la nación, sino que deja de ser fuente de derechos ciudadanos. Así, todos los que no sean afines al autócrata pasan a ser ciudadanos desamparados por las leyes, y por lo tanto a merced de las fuerzas de seguridad, de tribunales sesgados, o de la opinión pública que es manejada, cómo no, por el aparato estatal.
La apelación a la autoridad popular, al poder popular, a la vigilancia popular de los políticos opositores, son algunos de los indicadores de que una nación está en vías del populismo constitucional, sino es que éste ya está instalado. Apelar al pueblo tiene la ventaja, además, de que nadie sabe qué es a ciencia cierta lo “popular”; hasta que se descubre que el “pueblo” no es otro sino uno de los nombres del que gobierna y mueve los hilos de todo lo que pasa.
Por supuesto que todas estas manipulaciones no son abiertas ni descaradas. En algunos casos se cobijan bajo una corriente jurídica denominada “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, uno de cuyos pilares es, precisamente, sostener que la soberanía popular prevalece sobre la supremacía constitucional.
En este nuevo constitucionalismo se prometen mecanismos que permiten la participación política del “pueblo”, la ampliación de los derechos sociales, y la atención a las necesidades de las minorías. Venezuela es un claro ejemplo. En su actual Constitución, si hay una palabra que se repite muchas veces es, precisamente, “participación”. Sin embargo, mientras el poder lo sostiene un hombre fuerte apuntalado por el ejército y con control del aparato judicial… lo menos que se puede decir es que esa participación es pura paja.
¿El antídoto a tan peligroso veneno? La política, la buena política partidaria. Los populistas constitucionalistas lo saben… y por eso la descalificación del sistema partidario se encuentra entre sus prioridades: atacan los institutos políticos, los tanques de pensamiento, la separación de poderes del Estado; hacen de las fuerzas de seguridad sumisos lacayos o socios comprados y desprecian al pueblo dándole pan y circo para mantener las cosas dentro de los cauces que les interesan.
Ingeniero / @carlosmayorare