Crónica de una dictadura anunciada (Capítulo IV)

PUESIESQUE…el capítulo IV de mi exposición en un evento de alcance latinoamericano, que se celebró el 15 de febrero, lo titulé “Y ahora, ¿qué hacemos los constitucionalistas?”, como reflexiones sobre las acciones que nos corresponden a quienes nos dedicamos a ese campo jurídico tan apasionante que es el Derecho Constitucional.

Ahora bien, en realidad, no obstante que las reflexiones los hice desde el ámbito jurídico, las acciones que mencioné pueden y deben ser realizadas por cualquier ciudadano, sobre todo porque  la defensa de la democracia, de la república y de la Constitución debe hacerse, para que supere el testimonio personal, desde la colectividad, desde la comunidad organizada.

En la coyuntura salvadoreña, entre los muchos desmanes del régimen despótico, una de las expresiones del menosprecio que aquel tiene para con las reglas elementales de una república democrática, es el anuncio de la pretendida reelección presidencial inmediata, pues ello supondrá la formalización y consolidación de una dictadura personalista, destinada a establecer una dinastía familiar.

¿Qué podemos hacer, entonces, frente al despropósito del líder mesiánico y sus sirvientes? Pues, ante la ineficacia de la institucionalidad estatal, creo que los ciudadanos debemos abordar dos tareas: por un lado, la DENUNCIA CIUDADANA de la ilegitimidad del régimen despótico; y, por otro lado, la insistencia en la UNIDAD NACIONAL en defensa de la república democrática.

Sobre el primer aspecto, es vital que la ciudadanía se involucre y reflexione sobre la realidad de la actual administración presidencial, a efecto que haciendo a un lado el humo de colores de la propaganda gubernamental -financiada con fondos públicos-, descubramos que el régimen que nos desgobierna es, de acuerdo a la administración estadounidense, criminal y corrupto y, en ambas situaciones, ello afecta negativamente la vida de todos los salvadoreños.

Sin ánimo de ser exhaustivo, pues no nos alcanza este espacio, algunos de los hechos que caracterizan a este régimen, son:

• Rampante y desmedida corrupción, como se deriva de múltiples investigaciones periodísticas y sobre las cuales el gobierno guarda sonoro silencio, y para ello bastan algunos ejemplos: viajes de funcionarios en aviones privados, sin información sobre los financistas; venta ilegal de bienes destinados a la población más vulnerable afectada por la pandemia; contratos estatales de importes millonarios concedidos a funcionarios o amigos del régimen, sin licitación pública; nepotismo en la administración públicas; etcétera.
• Opacidad y ausencia de rendición de cuentas, en el sentido que en este gobierno ha provocado e incentivado un grave retroceso en la transparencia estatal y la rendición de cuentas, como se advierte del ocultamiento de información sobre gastos multimillonarios, la generalización de declaratorias de reserva de información, el secretismo sobre la contratación de asesores y empleados públicos, ausencia de autorización legislativa para supuestas compras millonarias de bitcoin, el sigilo sobre los gastos para el fracasado intento de implementación del bitcoin, como la billetera Chivo o las casetas que no sirven para nada; etcétera.
• Desatención a las necesidades vitales -salud y educación- de la población más vulnerable, al extremo que, por un lado, en lugar de construir los nuevos hospitales Rosales y de Nejapa, se optó por construir urgentemente un hospital para mascotas; y, por otro lado, en lugar de construir nuevas sedes universitarias o reparar escuelas que prácticamente están destruidas, se prefirió construir una megacárcel, que más bien funcionará -según las declaraciones del mismo “carcelero mayor”- como campo de concentración.
• Masiva violación de los derechos humanos, con miles de personas detenidas sin previa investigación penal, sin órdenes de captura y sin posibilidades reales de ejercicio del derecho de defensa, con los monstruosos extremos de personas muertas bajo la custodia del Estado, ocultamiento de personas fallecidas y enterradas en fosas comunes, denuncias de torturas y desapariciones. Seamos realistas: un gobierno tiene la obligación de combatir la criminalidad y castigar a los delincuentes, pero ello debe hacerse con las herramientas que la ley concede, sin violación de los derechos humanos.
• Fraude electoral, en tanto que el anuncio de una segunda candidatura presidencial del actual inquilino de Casa Presidencial (CAPRES) es una grosera violación a la quizá más relevante regla electoral del sistema constitucional nacional, ya que al menos cinco artículos de la Constitución disponen que la reelección presidencial inmediata está prohibida.

Ante tanta tropelía del régimen autocrático, es esencial que los ciudadanos adviertan que hoy día, el mayor obstáculo para la posibilidad de un sistema democrático que permita el desarrollo económico y social es la continuidad y perpetuación en el poder de un grupo de fascistas: frente a ello es indispensable la UNIDAD DE TODAS LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS, llámense partidos políticos, sindicatos, gremiales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, educadores, feministas.

Al respecto, me parecen muy acertadas las reflexiones que Levitsky y Ziblatt consignan en su libro “Cómo mueren las democracias”: “Las coaliciones de ideologías afines son importantes, pero no bastan para defender la democracia. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos con concepciones distintas (incluso discordantes) sobre múltiples asuntos. No se construyen entre amigos, sino entre adversarios (…). Debemos ampliar nuestros horizontes temporales, tragar saliva y hacer espinosas concesiones. Ello no implica en ningún caso abandonar las causas que defendemos, sino pasar por alto temporalmente discrepancias con el fin de hallar un terreno moral común”.

Solo desde la temporal unión de las fuerzas democráticas será posible derrotar el engendro de un régimen despótico, cuya consolidación supondría la condena a la miseria y a la pobreza.

Abogado constitucionalista.