Cuando George Orwell publicó su novela “1984”, todo el mundo lo tomó como una fantasía de ciencia ficción. Pero resultó siendo un estudio sociológico, antropológico, sicológico sobre como las dictaduras brutas de su época (Hitler, Stalin, Mussolini, Franco) se iban a perfeccionar hacia modelos mucho más sofisticados de dominación.
En “1984”, el Ministerio de Guerra se llamaba Ministerio de Paz, y el todopoderoso aparato de desinformación y lavado de cerebro se llamaba Ministerio de Verdad, el real centro del poder. El Ministerio de Verdad tenía como misión principal reescribir la historia, y para este fin incluso rediseñó el idioma.
La gran moraleja de la visionaria obra de Orwell: la comunicación, la palabra, la memoria en manos del gobierno son la amenaza más grande a la libertad.
Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que en pleno 2020 se esté creando en manos del gobierno salvadoreño el aparato de comunicación más grande de la historia del país? En medio de la crisis económica, social y fiscal que vivimos en el contexto de la epidemia, que por lógica debería obligar al país a la más estricta austeridad, Casa Presidencial sigue contratando docenas de periodistas, editores, productores de audiovisuales, publicistas, camarógrafos, fotógrafos, diseñadores.
¿Para qué fin, si ya antes este gobierno pagaba un batallón de casi 200 profesionales de comunicación? Pronto dispondrá de un ejército completo de comunicación, con más personal que las salas de redacción de TCS, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy juntos. ¿Para qué contratan a la loca más profesionales, ofreciéndoles salarios que duplican lo que en los medios se pagan? La respuesta: están creando su Ministerio de Verdad. Quieren lograr la “hegemonía comunicacional y cultural” – un término creado por Hugo Chávez, y puesto en realidad por inmensas inversiones en medios estatales bajo control del gobierno central, y al mismo tiempo por incesantes ataques a los medios independientes. Quieren reescribir la historia del país, comenzando con los Acuerdos de Paz, restando vigencia a esta refundación democrática de la República, y pintándola como “pacto de corruptos”.
Lo más interesante: luego de decir por años que los medios tradicionales, como por ejemplo los periódicos impresos, son obsoletos y ya no tienen ninguna incidencia, quieren invadir con medios estatales este terreno. Esto significa que han entendido que su dominio de las redes sociales les facilitó llegar al poder, pero no será suficiente para mantenerse en el poder y convertirlo en poder absoluto. Han entendido que pueden tener una gran ventaja en el manejo de medios electrónicos que difunden fake news y difamaciones, pero están perdiendo la batalla en el terreno de los medios profesionales, del periodismo serio.
Así que decidieron crear sus propios medios “serios”, comenzando con un periódico gubernamental, aunque disfrazado de independiente. Para esto están pagando salarios de miles de dólares a profesionales del periodismo para que les construyan estos medios. Por esto están multiplicando su planilla de diseñadores, fotógrafos y reporteros.
Su gran problema: los medios oficialistas no funcionan. Nunca, en ninguna parte del mundo, han tenido éxito. Mucha gente puede confiar a su gobierno, pero aun ellos instintivamente desconfían de medios gubernamentales. Además, por más pisto que ofrezcan, nunca van a lograr convencer a los verdaderos periodistas de meterse en proyectos de propaganda oficialista. Pueden invertir millones en un proyecto de periódico oficial, pero van a fracasar. Los periodistas y medios independientes les vamos a ganar esta batalla.
Y ojo: la situación en las redes sociales ya está comenzando a cambiar, ya nadie lo puede dominar por mucho tiempo, siempre surgen nuevas voces y se reproduce la pluralidad de opiniones.
No nos tienen que preocupar tanto los intentos del gobierno de establecer su Ministerio de Verdad, que es un Ministerio de Mentiras, porque sabremos hacerle frente a este intento de conquistar hegemonía comunicacional y cultural. Pero los millones de dólares que van a despilfarrar en el intento nos tienen que preocupar a todos: al ciudadano que lo va a financiar con sus impuestos; a los medios que van a sufrir competencia desleal. La Corte de Cuentas tendría que obligarlos a rendir cuentas. La Asamblea Legislativa tendría que legislar para regular estrictamente el uso de fondos públicos para propaganda y publicidad gubernamentales. Necesitamos una ley que defina que cualquier medio de comunicación social financiado por fondos públicos tiene que tener un estatus de autonomía que inhibe al gobierno de turno de convertirlo en su medio de propaganda.
No vamos a permitir ningún Ministerio de Verdad que controle la información.
Periodista.