La tentación autoritaria de establecer controles a la información es manifestada de varias formas, como la estigmatización, desacreditación a periodistas y medios de comunicación, bloqueo y marginación, hostigamientos fiscales, amenazase intimidaciones.
De cada una de estos mecanismos de presión hay ejemplos concretos ocurridos durante los últimos dos años, pero lo visto es una especie de retroceso y, en algunos casos, de prácticas que quizá para muchos sean incomprensibles o difíciles de creer. Venimos de una época en que la obsesión por los controles informativos llevó a extremos desde la exigencia de decir la verdad, hasta atentados a medios de comunicación y periodistas.
Tal panorama comenzó a configurarse en el período presidencial de Mauricio Funes, se hizo más intensa con el expresidente Salvador Sánchez Cerén. En 2013 el país ocupaba la casilla 38 de 181 evaluados en el índice de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras (RSF), se mantuvo así en el 2014; cayó a la 55 el 2015. El 2016 bajó a la casilla 58 y el 2017 a la 62.
Entre 2018 y 2019 hubo una caída de 15 puestos en el índice de libertad de expresión de RSF, lo que es considerado una situación problemática para el ejercicio del periodismo.
¿Qué explica este retroceso? En esencia, el interés de los gobiernos de controlar la información, sea cual sea su signo ideológico.
Hay unas prácticas que podrían considerarse exageradas, pero han sido parte de los mecanismos de control en años recientes. En la gestión del entonces mandatario, Alfredo Cristiani (1989-1994), Casa Presidencial mandó a comprar los paquetes completos de Diario Latino por la publicación de una disputa familiar denunciada por una hermana de la primera dama.
Capítulo aparte que excede este espacio es la cadena nacional montada durante la ofensiva insurgente de noviembre de 1989, que incluyó apología de la violencia y censura.
El presidente Elías Antonio Saca era un abanderado de que la mejor ley es la que no existe, en referencia a la. normativa de acceso a la información que entró en vigencia el año 2011.
El 16 de abril de 2015 había 16 homicidios por día en el país. El presidente Sánchez Cerén acusó a los medios de comunicación que habían publicado estadísticas sobre la violencia del mes anterior, de ser partícipes de una campaña de “terror psicológico” hacia la población.
La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 98 agresiones a periodistas entre junio de 2019 y noviembre de 2020, que incluye el uso de plataformas oficiales e instituciones del Estado para perseguir a medios de comunicación y periodistas críticos; también la exigencia de información no tributaria mediante una auditoría que impulsa el ministerio de Hacienda contra el periódico digital El Faro.
Expresiones denigrantes contra periodistas, la exclusión de medios para hacer preguntas en Casa Presidencial, impedir el acceso a funcionarios para que no sean captadas otras opiniones, como ocurrió en la Asamblea Legislativa el uno de junio, la negativa de funcionarios a asistir a entrevistas a algunos medios o expresiones como que hay “seguimiento” a periodistas por parte de funcionarios de seguridad pública, son graves señales de retroceso.
También lo es aplicar censura previa mediante orden judicial, al prohibir en un evento en redes sociales de una revista digital, detalles de los crímenes atribuidos principalmente a una estructura criminal dirigida por un ex agente policial en Chalchuapa. Es una prohibición expresa contenida en el artículo 6 de la Constitución.
No es válido decir que no hay periodistas muertos, como ocurrió a fines de los Setenta, como argumento para asegurar que hay condiciones para el ejercicio del periodismo. Como dijera Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión en la audiencia temática en diciembre pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Hay que reconducir el tono y la actitud de garantía en la libertad de expresión”.
Periodista.