Institucionalidad y contrapesos

El fantasma de lo vivido en Ecuador, mi país, entre 2007 y 2017, vuelve a mi memoria con fuerza cada vez que recibo noticias de El Salvador. Es vital que los salvadoreños defiendan a rajatabla la independencia de poderes, como pilar del Estado de Derecho

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Científicas manipulan muestras en un laboratorio del Instituto Gorgas (Icges) en la ciudad de Panamá, el 25 de mayo de 2020. Foto/AFP

Por Mauricio Alarcón Salvador

2020-05-25 8:28:41

Hubo una vez un Presidente que cada vez que la Asamblea Nacional no complacía sus caprichos, amenazaba con disolverla. Si no designan a quien yo quiero, si no aprueban la ley como la hemos enviado o si pierdo mi mayoría legislativa, cierro el Legislativo, decía. El mismo Presidente que, luego de “meter las manos en la justicia” con la excusa de despolitizarla, ordenaba destituir a jueces y fiscales cuando contradecían sus órdenes dadas por Twitter o en cadena nacional. Es que él era el jefe de Estado y, como tal, decía ser el jefe de todo: del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Pero no solo amenazó. Presentó demandas y acciones contra quienes se oponían a su voluntad suprema. Dirigentes políticos, periodistas de investigación, dueños de medios, empresarios, fueron procesados y, varios de ellos, condenados. No importaba el Estado de Derecho o el debido proceso. Él era el Presidente más popular del último período democrático. Él había venido a hacer patria. Él era el Estado.
Quiso probar también su poder fuera, demandando a otro Estado por violación de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consiguió así que la CIDH acepte por primera vez en su historia una denuncia interestatal. El mayor organismo regional de promoción y defensa de derechos humanos era entonces digno de sus elogios, y hasta ofreció hacerle una donación económica.
Pero cuando la CIDH empezó a dar espacio a los amenazados, a los demandados, a los opositores, la historia cambió. Empezaron las descalificaciones y los ataques. Llegó incluso a compararla con la empresa recolectora de basura, lamentando “que se haya rebajado tanto”. Desconoció sus decisiones, rechazó sus informes, la acusó de abusar de sus funciones y lideró una arremetida regional contra la Comisión, reformando sus atribuciones, limitando su trabajo y hasta sacando su sede de Washington D.C.
Hasta el último de sus días como Presidente denostó a la CIDH, descalificó a sus Relatores y Secretarios Ejecutivos. Como vio que no pudo reformarla a su antojo, intentó dinamitarla por dentro, ubicando como Comisionados y Secretarios a seguidores con pocas credenciales, pero obsecuentes y genuflexos con él.
El fantasma de lo vivido en Ecuador, mi país, entre 2007 y 2017, vuelve a mi memoria con fuerza cada vez que recibo noticias de El Salvador. Ya había pasado cuando la censura, cuando la prohibición de entrada a los periodistas, cuando la toma de la Asamblea o los despidos por Twitter. Esta vez, el autocalificado “presidente más cool del mundo”, Nayib Bukele, amenazó con demandar a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no ser obsecuentes con sus decretos de emergencia. Este anuncio evidenció su absoluto desconocimiento de las más elementales normas del derecho internacional, provocando la reacción casi inmediata del Presidente de la CIDH, quien ratificó que este órgano no tiene competencia para conocer o resolver controversias entre instituciones de un mismo Estado.
Para quienes vemos las cosas desde fuera y hemos vivido situaciones parecidas, esto no es sino una advertencia de lo que puede pasar. Por ello, es vital que, más allá de pasiones y simpatías o antipatías, los salvadoreños defiendan a rajatabla la independencia de poderes, como pilar fundamental del Estado de Derecho. Que hagan conciencia de que el ejercicio del poder no es un concurso de popularidad; que la prensa, los opositores, los empresarios, son un contrapeso del poder. Pero, sobre todo, a propósito de los recientes hechos, desde ya tomen conciencia de la importancia del Sistema Interamericano y de la CIDH como espacios vitales de garantía de derechos fundamentales. Cuando la voracidad del poder avanza dentro de un país de manera incontenible, ese es el único espacio al que podremos acudir en busca de auxilio.
No quiero cerrar este espacio sin contarles que ese mismo Presidente que dejó el poder de mi país en 2017, terminó acudiendo a la CIDH al considerar que la institucionalidad ecuatoriana que él destruyó era incapaz de garantizar sus derechos y los de sus seguidores. Al final, la misma Comisión que recibió sus insultos, ataques e intentos de desestabilización, terminó protegiéndolo. ¡Qué ironía!, ¿no?

Abogado, exmiembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.