Destituir a un funcionario público puede llevar muchos años, desgaste de recursos, entre otros, ahora imaginemos el impacto que puede generarse cuando son varios los funcionarios que se encuentran en una situación como esta.
El nuevo Órgano Ejecutivo ha tomado la iniciativa de sacar del ruedo a los funcionarios que a su criterio y consideración no cumplen con las expectativas y el compromiso necesario para desarrollar una labor en el área pública. Sin embargo, muchos de estos funcionarios, por no decir la mayoría, se encuentran de forma permanente y no bajo contrato laboral, lo cual complica aún más la necesidad de destituir a la mayoría de ellos.
En este punto hay interrogantes que saltan a la yugular: La primera: ¿estaría la ciudadanía a salvo si solamente se erradicaran los funcionarios públicos con altos cargos? En la mayoría de casos, no depende únicamente si los funcionarios que se destituyen son ciudadanos en cargos de confianza, jefaturas u otra denominación a la que se le reconozca como pieza clave dentro de una institución pública. El problema radica en que muchas veces los empleados públicos saben que no se les exige —como puede ser el caso del sector privado—, hay cierto margen de tolerancia en diversos aspectos (asistencia, puntualidad, permisos), que no se les presiona habitualmente para que aumenten la productividad, que les pagarán lo mismo tanto si trabajan bien como si lo hacen mal y que, salvo que la tropelía sea enorme, será difícil que les sancionen y más aún que les destituyen. Por lo tanto, la clave es la gestión, ya que muchos de los que poseen el cargo no son gestores con experiencia o profesionales sino que políticos que buscan tener la casa en orden, aun a costa de la escasa productividad y la relativa ineficiencia; al fin y al cabo lo que no cuesta se hace fiesta y hay muchos que no tienen ni oficio ni beneficio.
Otro de los cuestionamientos es: ¿se está siguiendo el debido proceso? Se debe aclarar que el debido proceso es implementar acciones bajo el paraguas de la legalidad respetando los derechos del ciudadano que por ley le competen. Es menester tomar en cuenta que si bien es cierto el Estado debe apartar a funcionarios que no cumplen con sus labores, es de estar conscientes del desgaste de recurso humano, económico, que esto conlleva y que, por lo tanto, debe explicarse a la ciudadanía los pro y contras que deberán ser asumidos. Sin embargo, es necesario actuar bajo el marco de la legalidad ya que ese blindaje que muchos piensan tener en sus cargos no significa algo vitalicio, ya que legalmente puede ser erradicado pero deberá hacerse bajo un debido proceso.
Por lo tanto, esta situación requiere dar un paso tripartito de los tres Órganos del Estado (Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Primero, el Órgano Ejecutivo deberá seguir escarbando en las diversas instituciones, ministerios y autónomas bajo su cargo y detectar a los funcionarios públicos que no cumplan con ese compromiso de servir a la ciudadanía para que sean destituidos bajo el debido proceso. El Órgano Legislativo deberá impulsar reformas, cambios sustanciales y actualizaciones en las normativas que regulan el desempeño de los funcionarios, y por último, el Órgano Judicial deberá aplicar y resolver las controversias jurídicas que surjan, con base en las normativas legales que correspondan. Dura lex sed led (“La ley es dura pero es la ley”), es necesario respetar y cumplir la ley.
La actualidad que vivimos no es nada fácil, por lo que tener un trabajo es una bendición y no una obligación, aprendamos a cuidar y valorar nuestro trabajo.
Abogado
Master en Tributación Internacional y Asesoría Jurídica de Empresas Jefe de Investigaciones de la Universidad Nueva San Salvador