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Deshumanizar: La "tarea" de la dictadura

Este artículo fue enviado por el abogado Enrique Anaya el 5 de junio pasado, dos días antes de su captura.

Por Enrique Anaya
Abogado constitucionalista

El Diccionario de la Lengua Española consigna que el verbo transitivo DESHUMANIZAR significa “privar de caracteres humanos”, y que son sinónimos los vocablos insensibilizar, endurecer: esa es precisamente la tarea o labor que ha reforzado y expandido la dictadura del bukelato durante los últimos meses. 

No se trata, lastimosamente, de una labor nueva, ya que la deshumanización de las personas de carne y hueso ha sido una característica del régimen bukeleano:

  • se advirtió durante los cientos o miles de capturas ilegales durante la cuarentena derivada de la pandemia de covid-19 (en 2020 publiqué varias colaboraciones sobre la ilegalidad de tales detenciones); 
  • se reforzó con las miles de capturas arbitrarias con la excusa del régimen de suspensión de derechos y garantías constitucionales (mal llamado “régimen de excepción”, ya que después de más de tres años está totalmente normalizada la anormalidad); 
  • se agravó con las prácticas de desapariciones forzadas, torturas y muertes  bajo la custodia del Estado (ya en abril de 2002 publiqué que la alucinación fascista del bukelato se estaba consolidando); y, 
  • se hizo mundialmente conocida con la implementación del macabro negocio de tráfico de seres humanos y desapariciones forzadas de extranjeros, en lo que la dictadura tuvo el cinismo de denominar “alojamiento penitenciario”.

Lo que ha cambiado es que en 2025, ya despojado el bukelato de la máscara democrática, en el discurso y en los hechos está insistiendo en la deshumanización, en retroceder no solo décadas, sino cientos de años de evolución humana. Y ello lo hace sobre todo recurriendo a dos estrategias: en el discurso, cuestionando las nociones elementales que la humanidad ha construido para la convivencia y la prosperidad; y, en los hechos, atacando de modo injustificado pero muy agresivo -incluso, con cárcel- a defensores de derechos humanos y periodistas. Veamos algunos ejemplos.

En el plano discursivo, durante la monserga que el dictador escupió el 1 de junio de 2025, se cuestionaron ideas tan vitales como democracia, institucionalidad, transparencia, Estado de derecho y derechos humanos, asegurando que solo son “términos que se usan para mantenernos sometidos” e, incluso, se hizo burla de los tratados internacionales de derechos humanos, afirmando que no debe “creerse” en ellos: se trata, evidentemente, del clásico nacionalismo exacerbado, propio de regímenes populistas y fascistas, que reclaman la no injerencia extranjera como excusa para violar impune y masivamente los derechos más básicos de los habitantes de un país.

La humanidad logró construir, poco a poco, sobre todo en los últimos 200 años, un modelo de convivencia pacífica que se basa, no el dominio de una persona o un grupo pequeño sobre la comunidad, sino en la democracia constitucional, en el entendido que esta es la forma política y jurídica, para dividir y distribuir el poder y posibilitar la vigencia de derechos fundamentales de las personas, institucionalizada a través de reglas pactadas a través del diálogo libre y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Ahora la dictadura del bukelato sostiene que todas esas conquistas de la humanidad, apenas realizadas en la corta historia salvadoreña, sean tiradas a la basura, y que lo único que vale es la efectividad del gobierno, de modo especial, la seguridad: se trata, por supuesto, de una falsa dicotomía. 

Y es que, en esencia, la dictadura plantea que para contar con seguridad es necesario renunciar a la libertad y a los derechos y garantías más elementales, lo que es rotundamente falso, ya que la experiencia demuestra que sí es factible y posible luchar contra la delincuencia sin violar los derechos básicos de las personas, para lo que se necesita capacidad técnica y voluntad política. 

Cuando para dizque establecer seguridad un gobierno recurre a violaciones masivas de derechos humanos solo demuestra, por un lado, la incapacidad e impericia de sus funcionarios y, por otro lado, sus propósitos autoritarios, dejando en evidencia que ha fracasado como gobierno. En efecto, en la dictadura, como sus funcionarios son sumamente ineptos, incompetentes para ocupar las herramientas propias de la aplicación de la Constitución y las leyes, recurrió a imponer una fiscalía servil y jueces sumisos a ser utilizados a capricho y antojo, así como crear un régimen penal inquisitivo y sin garantías, incompatible con la Constitución y con los tratados sobre derechos humanos.

En el plano fáctico, en los últimos meses han acrecentado los ataques directos y personales contra defensores de derechos humanos, utilizando de modo perverso y deformado las herramientas de la persecución penal a través de las genuflexas fiscalía y tribunales, como lo demuestran las capturas y encarcelamientos arbitrarios, entre muchos,  de Fidel Zavala, de José Ángel Pérez, de Alejandro Henríquez y, recientemente, de Ruth Eleonora López. 

No es nuevo que la dictadura recurra a detenciones ilegales e, incluso, a encarcelamientos de evidente perfil político, sin base legal alguna, como son los casos, entre muchos, de Atilio Montalvo y de Eugenio Chicas, pero en los últimos meses está cambiando el perfil de los perseguidos políticamente: ya no se trata de políticos o afiliados que pertenecieron a ARENA o al FMLN (al dictador le “encanta” perseguir y encarcelar a sus antiguos compañeros de partido político, así como a sus amigos, como el caso de su asesor de seguridad), sino de defensores de derechos humanos o de líderes que defienden una comunidad, a quienes, sin ninguna base legal, les inventan casos penales -la Fiscalía General de la República como productora de “tamales chucos”- y sin justificación alguna se les encarcela y hasta se declaran bajo reserva total -secreto- los procesos.

Así que esa la nueva “tarea” de la dictadura: deshumanizar, directamente a los críticos de las acciones abusivas e ilegalidades de la dictadura, mediante persecución, acoso y encierro en mazmorras; e, indirectamente, a todos nosotros, buscando que a través del miedo y el terror nos quedemos callados, que no cuestionemos a los detentadores del poder político, que nos arrodillemos ante el sátrapa disfrazado de rey moro.

  • Este artículo fue enviado por el abogado Enrique Anaya el 5 de junio pasado, dos días antes de su captura.

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