OPINIÓN: ¿Pandillas con uniforme militar?

Desde diferentes investigaciones se ha advertido sobre la posible continuación de entendimientos entre esferas gubernamentales y grupos de criminalidad organizada, cuyo principal objetivo sería el de sostener un bajo registro oficial de homicidios, puesto que ello garantiza, al menos en imagen, altos niveles de aceptación popular.

De ser ciertos este tipo de entendimientos, pactos o negociaciones referidos en reportes de organizaciones internacionales como Crisis Group, no sabemos a cambio de que se esta pactando ni cuál será el costo que habrá que pagar. Si podemos estar seguros de que el precio es y será muy alto. Si la verdadera llave que abre o cierra el grifo de violencia que define cuantas muertes habrá cada día depende de grupos de criminalidad organizada, y no de la eficacia de publicitados planes de seguridad pública, estos grupos, sabedores de su poder, cada día exigirán más, incluyendo cuotas cada vez más altas de poder.

Desde 2016, con un escenario de 24 homicidios diarios, los registros de muertes violentas han ido en descenso en El Salvador hasta 4 homicidios por día en el 2021. Una tendencia similar se ha observado también en los países vecinos de Honduras y Guatemala, por lo que el hecho no es atribuible a la gestión gubernamental actual. Ha llamado la atención y también se han realizado investigaciones independientes que plantean que ese mismo comportamiento no ocurre en el caso de desaparición de personas y desaparición forzada. Esto sin tomar en cuenta la cifra negra que existe, puesto que muchas personas, por miedo, no denuncian ante las autoridades.

Familiares de personas desaparecidas narran que, al empezar a buscar con insistencia a su pariente, una persona llega a visitarles con el mensaje de que desistan de la búsqueda. Ese mensaje, en el contexto de una comunidad bajo control territorial de pandillas, solo puede entenderse de dos formas: 1. La persona ha sido asesinada por estos grupos; y 2. Si la familia sigue buscando, otro miembro del grupo podrá sufrir las consecuencias.

El número de homicidios registrados ha contrastado con el aumento de personas desaparecidas. Los casos sin resolver sobre personas reportadas como desaparecidas pasaron de 200 casos registrados en el 2020 a 488 casos en el 2021. Han trascendido públicamente testimonios de ex integrantes de pandillas que han afirmado que no han dejado de cometer homicidios, sino que han escondido los cuerpos de quienes han sido asesinados. Fosas comunes como las encontradas en Chalchuapa y Nuevo Cuscatlán fortalecen una afirmación de este tipo. En ambas fosas se han encontrado entre los restos los que corresponden a personas asesinadas en los últimos tres años.

Son cientos las personas desaparecidas sin que sus familiares y amigos encuentren eficiencia o siquiera empatía por parte de las autoridades. Por el contrario, quien recurre a la búsqueda por medios públicos y evidencia la indolencia que reciben desde operadores estatales ante su sufrimiento, viven revictimización e intentos de callarles o desacreditar su voz. Pese a ello, con dignidad y valentía, las familias resisten. Es más fuerte el llamado a seguir buscando.

Una de estas voces es la de Don Jorge. Un ex soldado de 56 años ahora dedicado a la agricultora. Lo conocimos cuando con la fotografía de su hijo William, desaparecido desde el 2018, se presentó en una conferencia de prensa de quien asume actualmente el cargo de Fiscal General de la República para pedirle que le ayude a encontrar a su hijo. Narra Don Jorge que la FGR tiene nombres concretos de los señalados como responsables de la desaparición de William. También plantea que es del conocimiento de la FGR que algunas de estas personas, integrantes de uno de los grupos pandilleriles más conocidos, se encuentran actualmente de alta en las Fuerzas Armadas.

No se sabe si la Fiscalía ha actuado, aunque ha trascendido que a partir de las denuncias han sido interrogados quienes se identifican como sospechosos. El padre de William tampoco ha sido informado de acciones de las autoridades orientadas a verificar su afirmación sobre un lugar donde se ubicaría una nueva fosa común. El caso ofende y llena de indignación, pero también deja entrever algo mucho más grave. Estaríamos ante pandillas con uniforme militar. Miembros activos de pandillas, responsables de graves delitos, señalados por homicidio y desaparición de personas, pueden ser soldados que se nos dice están en función de proteger y dar seguridad a la ciudadanía.

La desaparición de personas es una situación que desborda. Negar o minimizar los hechos, solo contribuye a empeorar las cosas, como también lo agrava reaccionar con campañas de desprestigio, acoso y coacción contra quienes buscan y denuncian.

La denuncia de Don Jorge debe ser escuchada. En lugar de lanzarle una ofensiva intentando desacreditarle y manchar la imagen de su hijo, como pretendieron hacerlo en el caso de los hermanos Guerrero Toledo, debe garantizarse su seguridad y la de los suyos. Es importante escuchar a las víctimas, seguir imparcialmente pistas de investigación que ellas sugieren y respetar su dolor y dignidad. Negarse a hacer esto en este caso solo suma a la impunidad y alimentará la sensación de que vivimos a la sombra de poderes fácticos, cuyo nivel de cooptación y chantaje les ha dado cuotas dentro de instancias del Estado, incluso, al interior de la Fuerza Armada.

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