Desaparición forzada y desaparecidos, impunidad de ayer, impunidad de ahora

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Por Celia Medrano
Oficial de Programas Cristosal

Feb 28, 2020- 17:44

La Comisión de la Verdad de El Salvador registró un poco más de 4 mil desapariciones forzadas ocurridas en el periodo desde 1980 a 1992. La cifra pudiera ser mucho mayor, dado que muchos, principalmente por temor, nunca denunciaron los hechos y la Comisión tuvo menos de un año para realizar su labor. Organizaciones de Derechos Humanos hablan de entre 7 mil a 9 mil desaparecidos durante los 12 años de conflicto armado.

Para la familia de una persona desparecida, la esperanza de algún día encontrarla nunca termina, tampoco el dolor de saber que a medida que transcurre el tiempo las posibilidades de encontrar con vida a su pariente son cada vez más distantes.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional plantea que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y la define como: “…la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado…”

En seguimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de recomendaciones de distintos órganos internacionales, en los últimos años se han dado avances importantes en el periodo post conflicto orientados a la búsqueda de los que fueron desaparecidos forzosamente, así como la reparación para sus familiares.

No obstante, aún está pendiente en la agenda la aprobación de una ley nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, una ley que regule la creación de un banco genético y el desarrollo de propuestas legislativas que regulen procesos de exhumación, así como una ley que regule los derechos de los familiares relacionados a la ausencia de las víctimas desaparecidas.

Está pendiente también por parte del Estado salvadoreño la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Diferentes versiones de propuestas de una Ley de reconciliación mandatada en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia reconocen la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, las ya más de cinco propuestas que han circulado en un año no logran trascender, debido principalmente a que se ha procurado desde acuerdos políticos partidarios mantener en la impunidad a los que pudiesen ser juzgados por estos crímenes, es decir, nuevas versiones de Amnistía o auto amnistías, como las llamó Louis Joinet, experto independiente de Naciones Unidas sobre impunidad.

La prevalencia de la impunidad de ayer nos persigue en la actualidad. Pareciera que casi 30 años ya transcurridos desde el cese de la conflictividad armada dejarían ya atrás el dolor de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, no es así. Las voces de los familiares de los desaparecidos del pasado continúan reclamando justicia en el presente. A sus voces se suman voces nuevas que no provienen de una guerra relativamente reciente, sino que surgen desde nuevos dolores y nuevas búsquedas, desde nuevas impunidades y estadísticas que hacen de El Salvador uno de los países más violentos del mundo.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado 46 casos de desaparición forzada en los últimos tres años. La Fiscalía General de la República ha recibido 7 denuncias. El mayor porcentaje de instancia estatal señalada como responsable de los casos, en un 63%, es la Policía Nacional Civil.

Algunos diputados de la Asamblea Legislativa intentaron el año pasado de penalizar la desaparición forzada cometida por actores no estatales, señalando principalmente a grupos pandilleriles como responsables. El resultado fue la iniciativa de inclusión del delito de desaparición cometida por particulares en una reforma parcial al Código Penal. Desde el Ministerio Público se generó la creación de la Unidad Especializada de Desaparecidos y un Protocolo de Acción Urgente para casos reportados como desaparecidos.

Los registros de personas reportadas como desaparecidas por la violencia durante el 2019 superaron el umbral de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia y se colocó en una tasa de más de 48 por cada 100,000 habitantes.

Estamos hablando que en el país ocurren diariamente 9 desapariciones de personas. Una cifra que supera el promedio el año pasado de 6 homicidios diarios. La mayoría son adolescentes y jóvenes de los 12 a los 30 años de edad, son el 60% de los 3 mil 212 reportados como desaparecidos por la Fiscalía General de la República en el 2019, que lo ha tipificado como privaciones de libertad. Tan solo el 25% de estas personas fueron encontradas vivas y el 10% son encontrados muertos. Del restante 65% no hay avances en las investigaciones.

Más de 150 cementerios clandestinos han sido encontrados en el país desde el 2014. El país entero podría ser una fosa común de 20 mil kilómetros cuadrados. En cualquier parte podrían encontrarse los restos de una persona desaparecida. Como ya hemos dicho, a medida que transcurre el tiempo, más difícil es que un desaparecido sea encontrado con vida. Al igual que los casos de desaparición forzada aún pendientes desde la guerra, son cientos las familias que esperan algún día localizar a sus seres queridos desaparecidos en el contexto de la violencia actual y poder dignamente inhumar sus restos. Sobrepasa a la institucionalidad la dimensión de esta situación. Entre tanto, las cifras siguen aumentando.

Periodista especialista en Derechos Humanos y educación para la paz

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