Tras subregistros o manipulación quedan víctimas e impunidad

No, no es un tema de publicidad y montajes. Es un tema en que la confiabilidad de los datos oficiales es relativa y, en tanto más este concentrada y bajo el control de actores gubernamentales y limitadas al acceso público para su confrontación con otras fuentes, será siempre vulnerable a la manipulación en favor de agendas cortoplacistas.

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Mecole Hardman # 17 de los Kansas City Chiefs lleva el balón durante el juego contra Los Angeles Chargers en Arrowhead Stadium el 3 de enero de 2021 en Kansas City, Missouri. Foto AFP / Jamie Squire

Por Celia Medrano

2021-01-04 6:39:16

El pretender medir éxitos o fracasos en implementación de políticas relacionadas a violencia y seguridad pública únicamente a partir del aumento o disminución de registros oficiales, particularmente de homicidios o desapariciones, es un error común. Se trata de fenómenos sociales complejos y multicausales que exigen medidas pensadas a largo plazo, mucho más allá de periodos electorales o una gestión gubernamental, municipal o legislativa.
Difícil que agentes que detentan poder no tengan clara la complejidad de la problemática de las violencias que se arrastran por varios años en nuestros países. Su abordaje integral requiere un pensamiento de nación, enfoque preventivo, consenso y suma de una amplia diversidad de actores con los cuales generar acciones inmediatas pero cuyos efectos no son plausibles a corto plazo.
En la permanente campaña electoral que marca los ritmos de los actores políticos, el vender resultados inmediatos en seguridad garantiza el pronto aumento de recaudo en simpatías y potenciales votos, aunque nunca resultados sostenibles. La vieja receta del despliegue de fuerza militar en seguridad pública, militarización de acciones policiales, minimizar o justificar las violaciones a los derechos humanos como un sacrificio necesario para la seguridad de los que se autodenominen “buenos ciudadanos” deja un sinsabor a manipulación.
El montaje del escenario requiere fuerte inversión mediática que incluye amplia divulgación cuando los datos disminuyen, pero poco perfil cuando van al alza. Plantea también el control de la información de tal manera que las cifras, al menos las oficiales, no se disparen en un mal momento político. Prácticas como estas provocan poca confiablidad en los datos gubernamentales, en particular cuando es limitada o nula la posibilidad de cruzar con otras fuentes y transcienden intentos de grupos de poder por garantizar su control.
En contextos de violencia generalizada, poderes fácticos se imponen a la población y superan las capacidades de las instituciones en su deber de garantizar la seguridad de las personas que por temor o desconfianza no interponen denuncia de los hechos de violencia que sufren ellos o sus familiares. Las víctimas no denuncian ni recurren a las instituciones, generándose un subregistro que nos impide conocer la dimensión real de muertes violentas, desapariciones u otros delitos como extorsiones, privación de libertad, amenazas o desplazamiento interno.
Es importante contrastar registros con investigación independiente en el terreno. Conocer testimonios directos. Hablar con los que viven directamente el impacto de la violencia generalizada. Proveer un ambiente con garantías mínimas de seguridad para las víctimas en los que puedan contar con los apoyos necesarios para que denuncien sus casos y encuentren opciones para salir adelante.
Hay iniciativas recientes que marcan avances en favor de las víctimas de violencia, como “Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno” aprobada hace un año. La ley plantea un registro único específico que precisamente permitiera el análisis del fenómeno a partir de datos actualizados y confiables. No obstante, no se conoce de ningún paso a la concreción de este registro que debiera ser alimentado con información de las instancias que integran el sistema nacional de atención a víctimas, que es también en su conjunto, la estructura llamada a garantizar que una víctima de violencia y su núcleo familiar cuenten con condiciones seguras, atención y protección efectiva.
Es inviable que se espere de una víctima de violencia, y mucho menos se le exija, denunciar los hechos y a sus victimarios si no se les provee de condiciones seguras para ella y los suyos. Entretanto los sistemas nacionales no trabajen de forma conjunta e integrada para la garantía de seguridad, atención y protección a las víctimas, las instancias oficiales mantendrán el subregistro de casos, quedando siempre muy por debajo de lo que realmente está ocurriendo.
No, no es un tema de publicidad y montajes. Es un tema en que la confiabilidad de los datos oficiales es relativa y, en tanto más este concentrada y bajo el control de actores gubernamentales y limitadas al acceso público para su confrontación con otras fuentes, será siempre vulnerable a la manipulación en favor de agendas cortoplacistas. En el centro de este debate que no se nos olvide nunca que, más que números, estamos hablando de vidas y sufrimiento de personas. Es a ellas a las que todo actor público se debe y es por las víctimas que es necesario contar con datos confiables sobre la violencia, puesto que un subregistro o manipulación de este es a favor de la impunidad.

Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz