La participación de las víctimas es clave cuando se trata de establecer medidas de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El esfuerzo por restituir los derechos violentados no ocurre solo a través de una indemnización o un monumento, sino del diálogo participativo para que esos elementos se adecúen a las necesidades de las víctimas. De no ser consultadas, las medidas de reparación podrían resultar inútiles o, en el peor de los casos, una extensión de la victimización. Para que la restitución resulte satisfactoria se debe asegurar un espacio incluyente en el cual los afectados puedan ser escuchados y sus perspectivas tomadas en cuenta en el diseño de las reparaciones.
Para que eso sea posible los Estados deben asumir una nueva actitud en su relación con las víctimas. Los elementos imprescindibles de la nueva actitud son la verificación de los hechos, el reconocimiento público de la verdad y las sanciones contra los perpetradores. Desde esa nueva perspectiva de desagravio y no de utilización, los Estados deben abrir espacios para proporcionar información sobre el proceso, afrontar las dificultades, pero también escuchar sus percepciones, demandas e ideas que pueden enriquecer y dar más sentido a la reparación. En ese diálogo también juegan un papel las organizaciones de derechos humanos o abogados representantes de las víctimas. Ese diálogo de saberes es fundamental porque, por un lado, permite a los afectados conocer sus derechos, pero por otra, mesurar sus expectativas, porque ellas pueden ser muchas o muy altas y hay que desarrollar un trabajo pedagógico en torno a lo posible. Los defensores de derechos humanos participan con su quehacer jurídico y los afectados con todo el dolor que han tenido que sufrir. Una relación de respeto, pero nunca de minusvalía hacia las víctimas.
En un contexto en el que la mayoría de las veces las cuestiones se deciden en términos jurídicos es decisivo escuchar a los protagonistas de los casos, y también beneficiarios de la reparación. Es importante que las víctimas puedan expresarse para que no sean solo los abogados del sistema los que determinen lo que es aceptable. Mucho menos puede hacerlo el Estado, que es parte en el litigio. Por supuesto que una mayor participación y conocimiento de las víctimas representa un reto para el sistema. Pero ese precisamente es el sentido de las reparaciones: que reciban más valor y comprendan la importancia que tiene su actuación directa. Eso las hace menos indefensas y las anima a tomar iniciativas propias. Por su parte, el Estado puede percibir la realidad de modo muy distinto cuando finalmente conoce a quienes han experimentado las violaciones. Los hechos inhumanos nunca vuelven a ser los mismos cuando se los ve en compañía de quienes los sufrieron.
El criterio de las reparaciones nunca debe ser el interés inmediato de los gobernantes sino el impacto de las medidas en el propio proceso de rehabilitación de las víctimas. Si bien la reparación es responsabilidad del Estado, sería un exceso de soberbia pretender saber y decidir por sí mismo lo que resarcirá a los afectados. Es su deber abrir el espacio para que las víctimas participen desde una posición activa en su propio proceso de retomar el control de sus vidas. La reparación debe estar a la altura del impacto de las violaciones. Una reparación que no escucha la voz de las víctimas pierde fácilmente su sentido.
Pastor General de la Misión Cristiana Elim.