Como defensora de Derechos Humanos y abogada, tengo el firme compromiso de visibilizar las injusticias sociales, combatir la impunidad y trabajar para que los derechos de todas las personas, en especial de las que han sido víctimas de aberrantes abusos de poder se reparen y los responsables asuman las con secuencias del daño que han hecho.
Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron recientemente una petición para que la Fiscalía General de la República abra una investigación contra el presidente, Nayib Bukele, y contra las autoridades de la Fuerza Armada Salvadoreña. El motivo: haber encubierto la masacre de cientos de civiles en El Mozote, al inicio de la década de los 80 del siglo pasado.
En los hechos más recientes, la semana recién pasada, la Fuerza Armada Salvadoreña impidió el acceso a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, a quien se le ha obstaculizado la inspección de archivos militares relacionados con la masacre. Guzmán no pudo ingresar a la Brigada de Artillería en San Juan Opico, La Libertad, ni tampoco a la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Estas acciones se suman a otras que han tenido por objetivo encubrir a criminales de guerra del Ejército salvadoreño, lo cual habla muy mal del compromiso del gobierno de Nayib Bukele con la verdad histórica.
David Morales, ex procurador de Derechos Humanos y representante de la organización Cristosal, ha sido enfático y le atribuye el delito de encubrimiento al mandatario.
El presidente, quien parece estar divorciado de la justicia restaurativa y de la verdad histórica, bloquea la inspección de archivos del conflicto que azotó nuestro país de 1980 a 1992, lo que significó una grave afrenta contra la búsqueda de la verdad. Y aunque con bombo y platillo presentó ante cámaras en fechas recientes cinco cajitas de cartón aduciendo que era lo único que quedaba como testimonio y registro en el Ejército de lo sucedido en El Mozote, su ofensa contra la búsqueda de la verdad ya quedó para la historia. Hasta la fecha, incluso, de esas cajitas solo queda la foto, porque las mismas organizaciones indican que no ha habido acceso a ninguna información.
Es que las acciones de Bukele son de una hipocresía insostenible. Después de haber prometido que abriría los archivos militares “de la A a la Z” a finales de 2019, pasó a hacer que militares uniformados le salieran al paso al juez Jorge Guzmán, en escenas que solo hizo recordar años en los que la Constitución y las leyes eran pisoteadas por militares, títeres del poder político-económico.
Así, el ahora presidente se ha convertido en un eslabón más de la complicidad que otros gobernantes, como él, han tenido hacia las acciones contra civiles que se cometieron durante el conflicto. Y con un agravante: Bukele dijo haber llegado para romper con estas viejas formas de hacer política. Dijo ser diferente y en eso afincó su discurso disruptivo en la política nacional. La desobediencia de Bukele a la justicia y su traición a las víctimas tiene ya, en pocos meses, para considerársele como una repetición de lo que han hecho otros mandatarios. El 6 de marzo de este año, por ejemplo, la Fuerza Armada no cumplió la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta ordenaba inspeccionar archivos militares que eran solicitados por la Universidad de El Salvador.
Estas acciones tienen como claro enfoque la indiferencia que este gobierno tiene hacia las víctimas y hacia la reconciliación a través de la justicia que este país tanto necesita. Las democracias jóvenes que sufrieron vejámenes de dictaduras militares en América Latina han peleado por alcanzar un conocimiento pleno de lo que sucedió en el pasado. Han reivindicado el acceso a la información y han creado condiciones de atención hacia las víctimas. Acciones como las que ha tomado este gobierno y el Fuerza Armada son contrarias a estas luchas, y más bien nos hacen recordar cómo los militares siguen abrazados a figuras populistas para no pagar nunca por sus delitos.
Abogada, emprendedora, activista y candidata a diputada por Nuestro Tiempo