El pasado mayo se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Es una fecha para hacer homenaje a todas las personas de la comunidad LGBTQ+ que han tenido el coraje de desear ser como en realidad son. El solo “desear ser” es un acto de gran valor porque, lastimosamente, ser quienes desean significa un riesgo para los miembros de esta minoría. La homofobia es una problemática latente, que cobra mucha más fuerza cuando ignoramos la injusticia social, incluso por parte de entidades públicas.
Aún después de que la OMS eliminara a la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales en 1990, las personas homosexuales y trans, específicamente en El Salvador, han sido víctimas de rechazo y violencia por muchísimo tiempo. Se siguen omitiendo los derechos y la garantía de seguridad que merecen. Según datos del informe de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre enero y julio del 2019, se registraron 121 casos de agresión en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Las estadísticas son claras: la población LGBTQ+ está en peligro y no es nada nuevo. Es una problemática que se debe priorizar.
Sin embargo, parece que los pocos avances que ha logrado esta minoría (especialmente el sector transgénero y transexual) están siendo ignorados por instituciones del Estado. La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa en 2018 por la identidad de género, con el fin de visibilizar la diversidad sexual en la sociedad salvadoreña y reducir los índices de violencia en contra de ella. Los miembros de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género (su mayoría pertenecientes al partido Nuevas Ideas) enviaron a archivo esta iniciativa. Esto significa un desecho, como lo dice un comunicado de la propia Mesa publicado en Twitter, del esfuerzo de muchas personas trans para hacer valer su derecho a la integridad moral, libertad y a la propia imagen (artículo 2 de la Constitución). La discriminación es una problemática que no se puede ignorar y menos si es de parte de instituciones públicas.
Las personas LGBTQ+ únicamente desean conseguir las mismas libertades que cualquier otro civil. Las preferencias sexuales de un individuo no deberían interferir con su desarrollo personal; sin embargo, la homofobia limita sus derechos básicos como el acceso al trabajo, la educación y la seguridad, y los mantiene aislados de su propia identidad. Independientemente del reconocimiento que el Estado, la cultura o nuestras propias ideologías le dé a esta comunidad, todos debemos respetar los derechos humanos de cualquier persona. Con este pequeño paso, poco a poco podemos abolir el odio atascado en nuestro país, que no solo crea desigualdad, sino también crímenes de odio y delincuencia.
El respeto a las diferencias es clave para una sociedad más pacífica. Destruir los prejuicios ante sectores sociales de nuestro país es esencial para conocer la diversidad entre nosotros los salvadoreños y, en vez de rechazarla, acogerla. Es importante desarrollar la educación mediante la sensibilización ante estos temas (como la homosexualidad y transexualidad) que parecen tan anormales, pero que están presentes en el día a día y son la realidad de muchos compatriotas. La comunidad LGBTQ+ desea lo que cualquier persona: tener una vida digna y segura. Pero también necesita tener el derecho a ser diferente.
Estudiante de Ingeniería de Negocios
Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)